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Los alcaldes y alcaldesas del PSRM advierten que es imposible abrir espacios de conciliación, si el Gobierno regional no hace público el informe epidemiológico que lo avale

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Los alcaldes y alcaldesas del PSRM advierten que es imposible abrir espacios de conciliación, si el Gobierno regional no hace público el informe epidemiológico que lo avale

Esther Clavero señala que el Ejecutivo de López Miras debe dar marcha atrás a la sustitución de clases presenciales por nuevos espacios de conciliación. "Mezclar a alumnos y alumnas de diferentes grupos y centros rompe los grupos burbuja, aumenta los contactos y, por tanto, el riesgo de contagios"

Los alcaldes y alcaldesas del PSOE de la Región de Murcia han advertido que no habrá espacios de conciliación, si el Gobierno regional no proporciona el informe epidemiológico que avale su apertura y los protocolos organizativos o planes de contingencia comunes para estos espacios.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, quien ha explicado que esta decisión la han tomado todos los alcaldes y alcaldesas socialistas, junto con la dirección del PSRM, tras una reunión mantenida por la Ejecutiva de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y el director general de Salud Pública.

"Instamos al Ejecutivo de López Miras a que rectifique, contrate más docentes a jornada completa y hasta fin de curso para reducir ratios, con el fin de garantizar la educación presencial a todo el alumnado los cinco días de la semana con la máxima seguridad", ha indicado.

En este sentido, la alcaldesa de Molina de Segura ha señalado que el Gobierno regional debe dar marcha atrás a la sustitución de clases presenciales por nuevos espacios de conciliación. "Mezclar a alumnos y alumnas de diferentes grupos y centros rompe los grupos burbuja, aumenta los contactos, y por tanto, el riesgo de contagios".

Finalmente, ha insistido en que excluir cada día al 20 por ciento del alumnado de los centros educativos es una barbaridad que solo se va a hacer en la Región de Murcia. "Esta medida recorta el derecho a la educación, genera un nuevo problema de conciliación y aumenta el riesgo de contagio".

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