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La Comunidad somete a consulta pública un manual contra la okupación de viviendas y su protocolo de detección temprana

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Está activo en el portal de participación ciudadana desde hoy y hasta el 9 de diciembre

La Comunidad somete a consulta pública un manual contra la okupación de viviendas y su protocolo de detección temprana

La Comunidad somete a consulta pública el 'Manual de buenas prácticas contra la okupación de viviendas' y el 'Protocolo de detección temprana', con la que se pretende conocer la opinión y recabar aportaciones de la sociedad civil sobre ambos documentos.

La consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, presentaron esta consulta que estará disponible desde hoy y hasta el 9 diciembre en el portal de participación ciudadana de la Administración regional.

Se trata de un cuestionario en línea abierto a la ciudadanía que se compone de dos preguntas en relación a los documentos presentados y propone la opción de realizar aportaciones de mejora. Tras el proceso participativo, y con las sugerencias recabadas, se elaborará un informe de retorno con los resultados obtenidos.

La Comunidad ha elaborado ambos documentos como herramientas útiles que pueden ayudar a los propietarios o vecinos afectados por esta práctica delictiva, así como facilitar que determinadas empresas de servicios como cerrajerías, suministradoras de servicios de agua y electricidad, entre otras, puedan también prestar su apoyo a la hora de combatir esta situación.

El Ejecutivo regional mantiene una política de "tolerancia cero" frente todo aquel que practique o promueva la okupación, con el fin de garantizar el derecho a la propiedad privada, así como una convivencia social pacífica. La Región de Murcia es la primera comunidad autónoma en contar con una regulación específica para hacer frente a esta práctica ilegal.

La consejera Beatriz Ballesteros explicó que "es el momento de oír a la ciudadanía y que aporte y enriquezca el trabajo previo elaborado para frenar el avance de este complejo problema", y añadió que "la toma de decisiones compartida sobre un problema social que afecta cada vez a más personas nos permitirá abordar las soluciones de una manera global y ajustada a la realidad".

Asimismo, el consejero Díez de Revenga adelantó que la consulta pública mejorará los documentos iniciales que servirán "para disuadir a estas bandas organizadas de que desarrollen su actividad delictiva en nuestra región, como ya ocurre en comunidades vecinas, porque este tipo de conductas ilegales, además de incumplir la ley, crean focos de delincuencia y degradan las ciudades".

La Región de Murcia tiene actualmente alrededor de 1.100 viviendas ocupadas y solo entre enero y junio de este año se produjeron 176 ocupaciones, frente a las 147 del pasado año en el mismo periodo. Estos datos suponen un incremento cercano al 20 por ciento, por encima de la media española. De forma que la Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma en la que más se agravado este problema en el primer semestre de 2020, tan solo por detrás de Galicia.

Contenido

El 'Manual de buenas prácticas contra la ocupación de viviendas' recoge indicaciones sobre cómo evitar la sensación de vivienda vacía o cerrada; recomienda no dar de baja los servicios de luz y agua; avisar a los vecinos o comunidad de propietarios en caso de detectar una sospecha de ocupación, ya que las primeras 48 horas son muy importantes; instalar medidas de aseguramiento como puertas y cerraduras con mayor seguridad; contar con seguro del hogar; contratar alarma; intentar alquilar la vivienda; o evitar colocar carteles de se vende o se alquila.

Asimismo, el 'Protocolo de detección temprana', elaborado también por la Consejería de Fomento e Infraestructuras, recopila indicaciones de cómo proceder ante esta situación de okupación, como alertar del conocimiento de esta práctica a los propietarios del domicilio; avisar al 112, 091, 092 o 062, para que se personen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; por su parte, las empresas de cerrajería tratarán de acreditar que su actuación no colabora en la comisión de este hecho delictivo; las empresas de suministros alertarán de cualquier fraude que detecten y las entidades propietarias de conjuntos de pisos facilitarán su localización para posibilitar ser alertadas ante estos posibles actos.

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