María Marín: "nada debe impedir que la Ley de Servicios Sociales se apruebe, pero tenemos dudas sobre su cumplimiento y desarrollo"

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La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional muestra su apoyo al proyecto legislativo por ser "más que necesario", aunque muestra sus recelos ante la experiencia de la ley de 2003, "de la que no se desarrolló ni el reglamento"

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Esta mañana han comenzado las audiencias legislativas sobre el proyecto de Ley de Servicios Sociales en la Asamblea Regional con la comparecencia del presidente del Colegio de Trabajo Social, Juan Carrión Tudela. La portavoz de Podemos en la cámara autonómica, María Marín, ha asegurado que estamos ante "un proyecto de ley que ya era más que necesario", aunque al mismo tiempo denuncia el "retraso de 17 años en poner encima de la mesa este proyecto de ley". Marín ha criticado que la Región de Murcia es una de las pocas Comunidades Autónomas que no cuenta a día de hoy con una ley de tercera generación, "lo que sin duda complica muchísimo el día a día del trabajo de nuestros profesionales en esta materia", algo que se intentará solucionar mediante la aprobación de esta nueva norma.

La portavoz de Podemos ha destacado que esta es la tercera ley que se aprueba en esta materia, tras las de 1985 y 2003. Al respecto de esta última, Marín ha recordado que "no se llegó a desarrollar ni el reglamento ni un plan o un mapa de servicios sociales", algo que la propia ley "mandataba que se tenía que realizar en un máximo de dos años". Así mismo ha mostrado su coindidencia con los temores del Colegio de Trabajo Social sobre la falta de garantías en la planificación. Tal y como explica la diputada, "nada debe impedir que la ley se apruebe, pero tenemos dudas sobre su cumplimiento y desarrollo".

Por último, María Marín ha mostrado su coincidencia con el presidente del Colegio de Trabajo Social en su crítica acerca de que esta ley no recoja una ratio adecuada, algo que intentarán introducir durante el desarrollo legislativo de esta norma. La portavoz de Podemos ha fijado esta ratio en un mínimo de un asistente social por cada 3.000 habitantes, garantizando además la asistencia en núcleos rurales de menos de 10.000 habitantes, que "se encuentran en estos momentos abandonados respecto a este ámbito".

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