"El Gobierno regional ha roto acuerdos de forma desleal y ha cambiado el planeamiento previsto inicialmente, lo que retrasa, dificulta y hace inviable el proyecto"
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Carmina Fernández ha asegurado que el Gobierno regional se ha borrado de la ZAL de Los Camachos. "Engañan a Cartagena, rompen los acuerdos y se inventan fórmulas para no cumplir los pactos".
Carmina Fernández ha lamentado que el Ejecutivo de López Miras no tenga previsto ni un solo metro de suelo más para ponerlo a disposición de las empresas. "No se puede desarrollar ni urbanizar ese suelo porque el Gobierno no es propietario, esta es la gran trampa que se han inventado para dificultar la zona logística".
La diputada socialista ha explicado que el Gobierno autonómico ha decidido no cumplir ni uno de sus compromisos y obligaciones y que los responsables son la consejera Ana Martínez Vidal, que ha dictado sentencia contra la ZAL, y el consejero Díez de Revenga, que ha sido la mano ejecutora.
"Actuar unilateralmente, como ha hecho el Gobierno regional, y romper acuerdos les convierte en poco fiables, malos socios y desleales. No actúan con visión de futuro y lo hacen al dictado de intereses económicos que pretenden impedir el desarrollo de la ZAL de Los Camachos y priorizar las zonas logísticas de Corvera y Nonduermas", ha indicado.
La diputada socialista ha recordado que la actuación contemplaba inicialmente el desarrollo en una única fase para los 3,5 millones de metros, y, sin embargo, la Comunidad ha decidido unilateralmente cambiar el planeamiento previsto para dividirlo en dos fases.
"Hay un hecho objetivo que están fuera de toda duda: la Comunidad Autónoma ha cambiado el planeamiento previsto inicialmente dividiendo la actuación en dos fases, reduciendo la primera a 1.270.000 metros y dejando en el aire el planeamiento de la segunda de más de 2.230.000 metros".
Ha añadido que es indudable que esta división incide de manera sustancial en los plazos de desarrollo y urbanización de la zona y, por lo tanto, pone en riesgo la viabilidad del proyecto.
La diputada socialista ha aseverado que el Gobierno regional tiene que explicar a los ciudadanos qué hay detrás de "esa decisión incomprensible, puesto que seguir con la planificación urbanística inicialmente en 2018, no tenía ninguna connotación económica, ni implicaba más gasto, ni generaba ningún problema y, al contrario, aportaba certidumbre y seguridad a todos los intervinientes y empresas que quisieran invertir".
Finalmente, ha exigido al Gobierno regional que vuelva a los planteamientos iniciales y firme el convenio acordado con el SEPES y aprobado también por el propio Ayuntamiento.
