La Consejera de Educación incumple los acuerdos adoptados, de obligado cumplimiento, que firmó en la Conferencia Sectorial de Educación que ordenaban que el principio general del curso 20-21 fuera la presencialidad y avisaban del impacto negativo que tendría en Infantil y Primaria e instaban a realizar todos los esfuerzos para asegurar la modalidad presencial. A pesar de esto la comisión mixta de salud y educación, formada por las Direcciones Generales de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Dirección General de Salud Pública, Comisión Mixta y Consejería de Educación, acuerdan implantar el modelo actual que tanto perjuicio está ocasionando.

El 11 de junio de 2020, en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid, la Consejera de Educación firmó un acuerdo junto a otras comunidades autónomas en el que se comprometía a adoptar las medidas consensuadas entre las que se acuerda:

"La actividad lectiva presencial se adoptará como principio general durante el curso 2020-2021.

La experiencia de este curso ha confirmado la importancia de la presencialidad para el desarrollo habitual de las tareas educativas y formativas, por lo que las Administraciones educativas realizarán todos los esfuerzos necesarios para asegurar la modalidad presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas" (Orden EFP 561/2020 de 20 junio por la que se publican los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación).

En el informe de los servicios jurídicos solicitado por Esperanza Moreno, al que hemos tenido acceso a través del portal de transparencia, se le advertía de que dichos acuerdos, publicados en el BOE con fecha 24 de junio, eran de obligado cumplimiento para los responsables de educación de las comunidades autónomas que hayan mostrado su conformidad, entre los que consta la Consejera de Educación de la Región de Murcia.

Finalmente, y en relación con la adopción de esta orden, procede recordar que los Acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Educación en su sesión de 11 de junio de 2020 son de obligado cumplimiento y directamente exigibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad (artículo 151.2.a. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). La Consejera de Educación y Cultura mostró su conformidad a los citados Acuerdos, quedando obligada esta Administración educativa a su cumplimiento

Pero en ese mismo informe de los Servicios Jurídicos de la CARM se indicaba que en la Región de Murcia se adoptaba el principio general de semipresencialidad en cumplimiento de dichos acuerdos, a pesar de que la Orden publicada en el BOE indicaba que el principio general a adoptar era el contrario y añadía que en el caso de las etapas educativas de Infantil y Primaria la actividad no presencial era especialmente difícil, con un gran impacto producido por la brecha digital y el aumento de la desigualdad educativa.

En esta nueva situación resulta obligado adoptar decisiones que permitan retomar la actividad lectiva presencial desde el comienzo del próximo curso 2020-2021 con el máximo de garantías necesarias, pero también con decisión. A lo largo de estos meses hemos experimentado la dificultad que supone desarrollar una actividad lectiva no presencial, especialmente en la educación infantil y en la educación primaria, para alcanzar los objetivos inicialmente planteados, así como el impacto producido por la brecha digital y el incremento de las desigualdades educativas que esta situación ha provocado.

El informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Educación fue el documento que avaló la Orden del 31 de agosto en el que se impuso la semipresencialidad. Pero a pesar de que junto a esta imposición se anunciaron medidas compensatorias relacionadas con la atención educativa y la conciliación, para poder proteger la salud de los alumnos y docentes al mismo tiempo que se mantiene el derecho a la educación y la equidad, a fecha de hoy no se han llevado a cabo ni las anunciadas aulas de conciliación ni existe un plan real, igualitario y transparente respecto a los equipos informáticos y la conectividad en los centros ni para las familias vulnerables.

La FAPA-RM Juan González presentó el pasado mes de octubre un recurso contencioso administrativo contra la Orden del 31 de agosto con las medidas de semipresencialidad porque consideramos que vulnera el Derecho a la Educación recogido en la Convención de Derechos de la Infancia, en la Constitución Española y en la ley de Educación, y porque rompe la equidad y el principio fundamental de la escuela y la educación como lugar de compensación de desigualdades sociales. El informe jurídico nos indica que se han hecho las cosas mal y conociendo la irresponsabilidad en la que se incurría imponiendo la semipresencialidad en todas las etapas educativas, somos la única comunidad autónoma que se encuentra en esta situación y nos resistimos con toda nuestra fuerza, energía y recursos.

Creemos que la Consejera de Educación junto a los responsables de las distintas Direcciones Generales de Educación, que forman parte de la comisión mixta de Educación y Salud creada para afrontar la situación de pandemia en los centros educativos, han incurrido en negligencias y están causando un daño irreparable a los menores de la Región de Murcia y sus familias al implementar la semipresencialidad como principio general, incumpliendo los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial. Así mismo, no entendemos como en el informe jurídico se indica que son de obligado cumplimiento y al mismo tiempo se da por buena una propuesta de orden que va en sentido contrario.

La FAPA-RM llegará hasta donde corresponda para defender el derecho a la educación y la protección de los menores.

Las familias de la región llevamos desde el mes de junio pidiendo que se implementen los desdobles, la contratación de personal docente, que se doten de medios a los centros y al alumnado para poder llegar a todos y todas, no se nos ha tenido en cuenta a la comunidad educativa y las consecuencias van a tener un impacto brutal en una generación completa. Lo más valioso que tenemos las familias son nuestros hijos, son el futuro y se les está obviando y poniendo por delante unas políticas educativas nefastas. Se está desviando la atención hacia otros asuntos educativos basados en bulos y falsos relatos. La realidad la tenemos delante de nosotros, cada día, cada familia lo está sintiendo y no nos vamos a quedar quietos.