La Comunidad y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) crearán un 'Laboratorio de innovación' con el que identificar las cargas administrativas para su eliminación. El propósito es favorecer la actividad empresarial, para ello, se especificarán funciones de la administración electrónica vinculadas a gestiones con empresas que permitan su simplificación.
La consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, y el presidente de Croem, José María Albarracín, firmaron hoy el convenio de colaboración por el que se comprometen a mejorar la competitividad de las empresas y estimular su desarrollo a través de la modernización. El acuerdo incluye el estudio de las mejoras procedimentales y los procesos de reducción de cargas administrativas que habrían de aplicarse para flexibilizar la estructura de la Administración Pública y superar las dificultades que pueden encontrar las empresas para relacionarse con ella.
Ballesteros destacó que "la Administración regional y la patronal asumimos el compromiso de analizar e identificar los procedimientos que tengan más interés para el tejido productivo regional en colaboración con las organizaciones territoriales y sectoriales de la organización. Las propuestas se acompañarán de una estimación del ahorro que generarían a través del sistema método simplificado de medición de cargas administrativas".
El acuerdo recoge que Croem elaborará una relación de documentos que las empresas presentan en más de una ocasión ante la Administración, indicando los diferentes procedimientos administrativos afectados.
Otra de las medidas que recoge este convenio es la celebración de jornadas y foros de discusión con empresarios, con el objetivo de que puedan manifestar directamente cuáles son las trabas más importantes que afectan a las empresas.
Estrategia Regional de Gobernanza Pública
El laboratorio de innovación para la reducción de cargas administrativas en el tejido empresarial es una de las medidas contempladas en la línea de modernización y simplificación administrativa de la Estrategia Regional de Gobernanza Pública, aprobada el pasado 30 de julio en Consejo de Gobierno, cuya finalidad es definir las líneas y objetivos fundamentales que en materia de gobernanza pública va a impulsar y poner en marcha la Administración regional.
