¿Y, con sus ilusiones, esperanzas, expectativas, con el tiempo de sus hijos, familia, amigos, el tiempo de descanso, …? ¿Quién tiene derecho a cambiar las reglas del juego, presuntamente, de manera ilegal? Nadie tiene derecho.

Desgraciadamente, el Excmo. Magfco. Rector de la Universidad de Murcia se ha creído en ese derecho, y ha frustrado las expectativas de más de 1.800 opositores que tras un proceso de consolidación realizado en 2019, quedaron en lista de espera. Creyeron en él y en los órganos dirigentes de la Universidad y se esforzaron y sacrificaron para superar las pruebas selectivas, con la creencia, siempre, de que las listas antiguas de 2010 desaparecerían a partir de 31 de diciembre de 2020. Que a partir de 1 de enero de 2021 las nuevas listas entrarían en vigor y con ello su posibilidad de trabajar.

Como sabe, quien se presenta a unas oposiciones lo hace conforme a unas bases que la administración convocante establece, es decir, las acepta, pero tal aceptación no obliga unilateralmente: la administración está tan vinculada a las bases como el opositor mismo.

Sin embargo, con total desprecio a los opositores, que creyeron en las normas de la convocatoria y también en los convocantes, fue aprobada por la Mesa Técnica integrada por; CCOO, UGT, CSIF, Gerente y Vicegerenta y con el voto en contra del sindicato SIME, una propuesta que se llevó a Consejo de Gobierno con el objeto de prorrogar, aún más, la prioridad de las listas antiguas.

Muchos de los opositores nos organizamos en una plataforma y conseguimos paralizar una votación y generar dudas de legalidad entre los miembros del Consejo de Gobierno, en cuanto a la prórroga ilegal de la prioridad de las listas de espera antiguas. El 5 de febrero del presente, el Consejo de Gobierno prorrogó la mencionada prioridad bajo la condición de que la Asesoría Jurídica de la UMU emitiera un informe favorable.

De nuevo ilusos, pensamos que los Servicios Jurídicos iban a acabar, con lo que consideramos, ilegalidad del acuerdo que vulneraba cualquier proceso selectivo, (Constitución Española, el TREBEP, LFP, …) y perjudicaba a tantas personas. Pero lejos de eso,se emitió un informe de parte que, según contemplaba ya ni siquiera hacía falta prorrogar la prioridad, pues no existía un término temporal de finalización de la norma que establece tal prioridad. En definitiva, no solo les daba la razón, si no que les permite seguir “sine die” prorrogando las listas “de los suyos”, en contra de “los de la calle” como así nos llaman algunos sindicatos.

Tal interpretación posterior a la finalización de las oposiciones, que extiende y, a la vez, contraviene los términos de las normas en base a las que los opositores se presentaron al examen, es inconstitucional e ilegal, produce graves consecuencias de muy difícil reparación para los opositores y supone una burla, un engaño a los mismos por parte de los órganos de la UMU, en una deriva incomprensible de blindaje y privilegio incondicional hacia “los suyos”.

Aun lo anterior, no desfallecemos en el intento de que se haga justicia, que el Sr. Rector cumpla con sus compromisos, que no se parapete en un Informe Jurídico, cuyas carencias conoce como jurista que es, que de contenido real a la Catedra de Integridad Pública que ha creado, que le devuelva el brillo y el lustre a la Universidad de Murcia, que no nos dé la espalda, que no rehúse reunirse con nosotros, la Universidad es de todos y a todos se debe. 

Solo pedimos que se cumplan y se hagan cumplir las normas por quien corresponda. Nosotros se lo vamos a exigir en todas y cada una de las instancias que la democracia y el derecho nos ofrece y para ello necesitamos que nos den voz publica para que esto se sepa. Nos han engañado.

POAUM. (Plataforma de afectados por la Universidad de Murcia).