La Comunidad Autónoma va a poner en marcha el registro electrónico de apoderamientos. A través de esta herramienta, denominada apoder@, los ciudadanos y las empresas podrán comparecer en la sede electrónica para otorgar poderes a favor de terceras personas. De esta manera, se facilita la representación en actuaciones ante las administraciones públicas.
Además, la puesta en marcha de esta plataforma hará posible que los empleados públicos puedan consultar los poderes notariales durante su actuación administrativa, de manera que no sea necesario presentarlos ante la Administración regional, ya que apoder@ facilitará el acceso a su contenido.
Al respecto, el consejero de Transparencia, Participación y Administración Pública, José Gabriel Sánchez Torregrosa, precisó que "la representación puede extenderse a cualquier poder para realizar diferentes trámites ante las diferentes administraciones públicas, o solo ante una determinada".
Según Sánchez Torregrosa, "supone un paso más hacia la simplificación administrativa". Además. "una vez realizado un apoderamiento, no será necesario presentar ni justificar esta representación ante ninguna administración pública que esté adherida a este sistema, dando así cumplimiento al derecho a presentar la documentación ante las administraciones públicas una sola vez por parte de los ciudadanos", apuntó el consejero.
Los interesados podrán acceder a la aplicación a través de https://rea.redsara.es y https://sede.administracion.gob.es; o en la Sede Electrónica de la CARM.
Disminución de cargas administrativas
Esta iniciativa supone que los ciudadanos no tengan que presentar, ni justificar, las representaciones otorgadas a través de los apoderamientos. El coste estándar de cada documento físico que se deja de presentar en un procedimiento administrativo está fijado en 30 euros, lo que "supone un importante ahorro económico para los ciudadanos y empresas de nuestra región", aseguró el consejero.
Se cumple así con una de las 65 medidas de la Estrategia de Gobernanza Pública de la Región de Murcia incluida en la Ley del Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción.
