Pese a las medidas del gobierno del gobierno central y ante la ausencia del gobierno regional 2020 acaba con 1.504 desahucios en la región según datos del CGPJ

Desde el comienzo del estado de alarma, el confinamiento, y las primeras medidas de protección aprobadas por el gobierno, la PAH estuvimos repitiendo machaconamente, que NO estaban suspendidos todos los desahucios. Nos estuvieron ignorando hasta que en setiembre, el CGPJ dio los datos de desahucios, que, tristemente nos daban la razón.

Continuamos denunciando y presionando, hasta que, en diciembre, forzamos que el gobierno aprobara 2 nuevos reales decretos ley, que aumentaban la protección, aunque llegaba tarde para muchas familias que, de habernos hecho caso antes el gobierno, no se habrían visto desahuciadas.

Estos 1.504 desahucios se desglosan de la siguiente manera: 692 derivados de ejecución hipotecaria, 744, derivados de alquileres, y 68 por otras causas. También nos confirman los datos de se presentaron 1.293 nuevas ejecuciones hipotecarias, fruto sin duda, de las triquiñuelas del Tribunal Supremo sobre la abusiva cláusula de vencimiento anticipado, y la vigente ley de crédito inmobiliario, iniciada por Luis de Guindos y concluída por Nadia Calviño, que, con diferentes tiempos, permite al banco ejecutar por la totalidad de la deuda pendiente, y concluir el procedimiento con el desahucio de la familia, que como antes, mantendrá con el banco una deuda impagable y de por vida. Y ello, a pesar de la deuda impagada a la sociedad por la banca, que según el banco de España asciende a más de 62 mil millones de euros.

Entre tanto, el Gobierno regional, lejos de adoptar cualquier medida positiva de cara a la protección de familias vulnerables, emplea su tiempo y nuestro dinero en absurdas e inútiles medidas anti ocupación, que en modo alguno tratan de abordar sus causas: la pobreza y vulnerabilidad, los bajos salarios y los inalcanzables precios del alquiler o compra de viviendas, y se niega a cumplir la vigente ley de vivienda, y a adquirir viviendas para Parque Público.

Estos datos, y la muy negra situación a futuro, nos ratifica en las exigencias que, junto a la Iniciativa por una ley de vivienda que garantice el Derecho a una vivienda digna y adecuada, que van mucho más lejos del simple control de precios del alquiler, que por supuesto incluimos, pero la futura ley, debe además incluir estos otros 7 puntos irrenunciables para nosotras:

• Debe garantizar el Derecho efectivo a la Vivienda
• Se deben suspender todos los desahucios de familias o personas vulnerables sin vivienda alternativa
• Debe servir para crear un Parque Público para vivienda en alquiler asequible y social
• Tiene que garantizar el acceso a los suministros básicos incluidas las telecomunicaciones
• Desarrollar mecanismos de segunda oportunidad real para deudores hipotecarios
• Ampliar la asignación presupuestaria para vivienda, a lo que se debe destinar también una parte de los Fondos Europeos de recuperación y
• Crear fórmulas de participación ciudadana en el desarrollo de futuras políticas de vivienda.

Sin embargo, y como estamos viendo muy lejos un acuerdo en el Gobierno, para elaborar una ley con estos contenidos, nos vamos a movilizar en todo el estado el próximo 20 de marzo, para que se enteren el presidente Sánchez, y las ministras Calviño y Ábalos cuyas declaraciones van en dirección apuesta.

¡Sí se puede!