Nos acercamos a una nueva celebración de la apertura del Año Judicial en el TSJ de la Región de Murcia,  el próximo 8 de octubre, en la que toda la cúpula judicial y política de la región se colgará sus togas y sus  mejores galas para festejar tan insigne día.

Volverán a denunciar la pésima situación de la Justicia en  Murcia, la falta de jueces y fiscales, la falta de sedes judiciales, la falta de competencia propia en muchos  asuntos, ….Y todo volverá a quedar igual.  De un año judicial surgió, a propuesta del Presidente del TSJ, la necesidad de aunar esfuerzos de toda la  sociedad murciana en un “Pacto Regional por la Justicia” que, tras algunas reuniones, CCOO, tras  presentar un exhaustivo informe, constatamos el nulo interés político por hacer un verdadero diagnóstico  de la situación judicial de nuestra región y aportar soluciones reales y efectivas, más allá de meras  declaraciones de intenciones.

Este proyecto de Pacto Regional por la Justicia debió de quedar en algún  cajón porque nunca más se supo de él.  Las sedes judiciales de Cartagena, Lorca y Molina de Segura llevan años estando en primera línea de  discursos, pero las diferentes administraciones competentes –local, regional y estatal-, siguen sin ponerse  de acuerdo en el lugar, en los terrenos, en la licitación de obras, etc…y los ciudadanos (y profesionales)  de estos partidos judiciales siguen esperando año tras año con promesas que no se materializan nunca.  Pero no hablamos solo de grandes y costosas sedes, sino también de pequeños edificios judiciales  obsoletos e inadaptados a las necesidades judiciales como ocurre en Caravaca de la Cruz o en Yecla.  La creación de nuevos órganos judiciales en la región de Murcia sigue siendo deficitaria, tanto por el  número de juzgados que se crean, (este año solo se han creado dos nuevos juzgados, y en el 2022  entrará en funcionamiento un nuevo juzgado mercantil con sede en Cartagena) como el personal de que  se dotan, a veces infradotados, o a veces se crean solo plazas de juez, obviando la necesidad de dotar de  personal funcionario a todas las unidades judiciales que se creen.  Sin embargo, existen soluciones que, a corto plazo, también mejorarían las condiciones de los órganos  judiciales de la región de Murcia y por extensión las de los ciudadanos a los que servimos.  Los atascos judiciales en las jurisdicciones sociales y mercantil son abrumadores, y la crisis del  Covid lo agravarán, pero si bien existe un plan de refuerzo en estas jurisdicciones aprobado ya hace  meses, es incomprensible que solo se hayan nombrado jueces de refuerzo y no personal funcionario  necesario para atender tal avalancha de asuntos que el propio TSJ anuncia, y ello pese a las reiteradas  denuncias de CCOO en este sentido.

Por lo que mucho nos tememos que los atascos no disminuirán.  La falta de personal en los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer (órganos  judiciales de todos los partidos judiciales, excepto Murcia y Cartagena que son juzgados exclusivos de  violencia) es lamentable, algunos de ellos tienen menos plantilla que otros juzgados que no tienen esta  competencia e incluso el órgano de inspección del CGPJ así lo certificó, pero siguen sin ponerle solución.  Las pésimas condiciones en las que trabaja el personal allí destinado, con horas interminables de  atestados y declaraciones que hacen en la práctica estar constantemente de guardia, sometidos a una  gran presión psíquica, y todo ello compatibilizándolo con el trabajo ordinario y diario, hace que la  provisionalidad en las plantillas sea un hecho constante; además, las condiciones físicas de estos órganos  judiciales no son aptas para prestar un servicio adecuado a las víctimas de esta lacra social.  Es de reconocer la gran labor que todo el personal destinado en esos órganos judiciales está llevando a  cabo en estas condiciones lamentables y está bien que este año, el TSJ homenajee a estos compañeros  y compañeras pero seguro que ellos agradecerían más que homenajes gratuitos, una mejora de sus  condiciones laborales, más plantilla, mayores exenciones en el reparto de asuntos, más formación  especializada, lugares más adecuados para la prestación de este servicio público a unas víctimas que  tienen que ver cara a cara a sus agresores en los pasillos de los juzgados,… 

 La separación de jurisdicciones de primera instancia e instrucción en los partidos judiciales de  Lorca, San Javier y Molina de Segura podría aliviar la carga de estos juzgados mixtos, así como la  creación de juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer en estos mismos partidos judiciales se hace  imprescindible.  La falta de personal de la Fiscalía de Murcia, no ya solo de fiscales, o del Registro Civil Exclusivo de  Murcia es otro de los grandes déficits de la organización judicial de Murcia.  Por lo tanto, un año más volveremos a escuchar en la apertura del año judicial los mismos discursos pero  sin propuestas concretas que se defiendan con una sola voz ante las administraciones competentes, el  ministerio de Justicia pero también la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Y volveremos el año  próximo.