Esta mañana, la comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional ha recibido al portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, quien ha comparecido a propuesta de Podemos durante las audiencias para la convalidación del decreto ley sobre de simplificación administrativa en materia de medio ambiente, medio natural, investigación e innovación agrícola y medioambiental. El representante del colectivo ambientalista ha relatado en su intervención cómo con el decreto del Consejo de Gobierno ha sido aprobado con una absoluta falta de transparencia, al no haber habido un periodo de exposición pública ni ha pasado por ningún órgano consultivo. Además, Luengo ha asegurado que la modificación de las leyes ambientales de la Región de Murcia genera inseguridad jurídica, ya que contradice legislación tanto nacional como europea. Pero va más allá, ya que además de carecer de transparencia y generar conflictos legales, la reforma es completamente injustificada por criterios ecológicos, ya que "reduce garantías ambientales para favorecer intereses privados" y elimina contrapesos a la administración y participación pública. Para el portavoz de Ecologistas en Acción "no sólo se está intentando aprovechar la coyuntura sanitaria y económica derivada de la COVID-19 para rebajar las garantías de protección del interés general y del medio ambiente, en pos de intereses privados y políticos, sino que en algunos casos se quiere hacer a pesar del posible incumplimiento de normas de rango superior que ello conlleva".
Por su parte, la portavoz de Podemos, María Marín ha denunciado que el proceso por el cual se ha dado curso a esta modificación se haya hecho mediante una tramitación tramposa, por decreto, cuando este mecanismo está diseñado para temas urgentes. Marín ha criticado que el Gobierno regional haya utilizado como excusa la pandemia para modificar leyes ambientales por la vía rápida, dejando desprotegidos espacios naturales. La diputada ha asegurado que las modificaciones "no tienen absolutamente nada que ver con la covid", sino con "las prisas del ejecutivo autonómico para desproteger y desmantelar cualquier protección ambiental en la Región de Murcia que supusiese un freno a la especulación urbanística y a la contaminación del agronegocio".
Marín ha apostado por la creación de una consejería de Medio Ambiente "con competencias y presupuesto propio e independiente de los intereses del agronegocio" y acabar con el ninguneo a las normas ambientales. La diputada ha recordado que los propios funcionarios de diversas direcciones generales están denunciando la falta de medios y de personal, así como carencia de normativas y protocolos claros sobre cómo actuar cuando se detectan ilegalidades para que no acaben en el cajón del Consejero de Agricultura.
