Desde el Sindicato de Empleados Públicos seguiremos peleando por el reconocimiento de la fijeza de aquellos empleados y empleadas públicas que vengan prestando su servicio en las Administraciones Públicas por un periodo superior a los tres años, todo ello en cumplimiento de la Directiva Europea y de las resoluciones del TJUE; si la modificación que se está tramitando en el Parlamento no da solución definitiva, mantendremos nuestra reivindicación ante las diferentes Administraciones y en la vía judicial.

En la modificación que se está planteando, debe de reconocerse la fijeza a los empleados públicos que lleven prestando sus servicios durante más de tres años, como ocurre con cualquier trabajador o trabajadora en el derecho laboral, y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público para resolver las OEP.

El reconocimiento de la fijeza es la única solución posible, al no existir en nuestro ordenamiento jurídico ninguna medida sancionadora disuasoria por el abuso de la temporalidad; el concurso de méritos no es una medida adecuada, salvo que sea restringido a los trabajadores y trabajadoras objeto de abuso de la temporalidad y solo para los casos de aquellos empleados y empleadas públicas que accedieron sin superar ningún proceso selectivo; a los que accedieron superando procesos selectivos, la única solución aceptable es la fijeza.

La propuesta de cinco años ininterrumpidos en el mismo puesto de trabajo, para poder acceder a la fijeza por un concurso de méritos, es un disparate sin sustento legal, ni judicial, ni es acorde a la directiva europea, ni a los pronunciamientos del TJUE; además dejaría fuera de la regulación a la inmensa mayoría de interinos de Sanidad y Educación con muchos años de servicios, pero en diferentes puestos de trabajo.

Cuando se dice que el proceso de consolidación extraordinario no se aplicará a las OEP que están en marcha, se pone de manifiesto el desconocimiento de la realidad que tienen las Administraciones Públicas, o la falta de interés en resolver el problema, eso dejaría fuera prácticamente a todas las situaciones de abuso de la temporalidad, regulando a futuro y dejando en el abandono y con el único recurso a la justicia a cientos de miles de empleados y empleadas públicas, con muchos años de servicio y capacidad demostrada, eso no haría justicia y generaría una conflictividad laboral enorme, no lo vamos a permitir.

Las Administraciones Públicas deben de suspender de manera inmediata los procesos selectivos en marcha, en espera de la nueva regulación; y los diputados y diputadas

de los diferentes partidos políticos, deben de abandonar el mercadeo y regular asesorándose adecuadamente, atendiendo la directiva europea, los numerosos pronunciamientos del TJUE y tribunales españoles y la equivalencia con el derecho comparado; si no lo hace así, no se hará justicia, ni se terminará con la conflictividad laboral y judicial del abuso de la temporalidad, y desde luego desde nuestro sindicato seguiremos dando la batalla en todos los frentes, como venimos haciendo desde hace años.