El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no habría ejecutado alrededor de 1.000 millones de euros del presupuesto destinado al Ingreso Mínimo Vital –IMV-. La cobertura de esta prestación en la Región de Murcia, según los últimos datos oficiales referidos a 2021, se queda en un 9.74%, muy cerca de la media nacional que se sitúa en el 9.35%. Esto implica que en la Comunidad ni tan siquiera un 10% de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza reciben esta prestación por parte del Estado, y en nuestro país solo el 9,35% del total resulta beneficiaria.
Y es que según los datos de la oficina de la transparencia de la Administración del Estado, de los que se ha hecho eco la asociación estatal de gerentes y directores de Servicios Sociales, únicamente el 35,8% de las personas inicialmente previstas están recibiendo el IMV. Por tanto la cifra de 824.441 perceptores actuales queda lejos de los 2.300.000 beneficiaros iniciales previstos cuando hace dos años el Gobierno Central puso en marcha esta prestación.
Solo se habría cumplido con un tercio del objetivo con el que nació esta medida y eso que se impulsó con carácter urgente por la situación creada por la crisis social derivada de la pandemia. La complejidad a la hora de solicitar el IMV y los exigentes requisitos han hecho que el Estado deniegue tres de cada cuatro solicitudes, por tanto solo 366.805 familias accedieron a la prestación, muy lejos de las 850.000 previstas. Cifras que evidencian que el Ministerio no está cumpliendo, en absoluto, con lo prometido en sus previsiones iniciales y además estaría dejando de ejecutar una cantidad importantísima del presupuesto destinado al IMV, 1000 millones de euros, que no llegan a las familias que más lo necesitan.
La Región, en cambio, sigue apostando por la Renta Básica de Inserción –RBI- para cubrir a lo que el IMV no llega, completando esa prestación o tratando de alcanzar el mayor número de beneficiarios posible en situación de vulnerabilidad a través por ejemplo de colectivos que no están recogidos dentro del ámbito de aplicación de la ayuda estatal. Esta prestación, la RBI, que depende de la Comunidad, no tiene lista de espera.
En un plazo máximo de 30 días se siguen cubriendo el 100% de los expedientes de solicitud que llegan instruidos y completados por parte de los ayuntamientos, alcanzando con ello a todas las personas solicitantes de esta ayuda que tienen derecho a la misma. En ese primer mes de 2022 se recibieron 202 expedientes, con 156 resoluciones positivas. Generándose así 166 altas nuevas, incluyendo 10 reanudaciones. Las altas totales de esta prestación, a fecha 31 de enero, alcanzan la cifra de 1667, con 2545 beneficiarios en toda la Región. Lo que se traduce en un montante económico que asciende a los 747.466,88 euros; inversión realizada este mes de enero por parte de la Comunidad para cubrir a todos y cada uno de los beneficiarios y beneficiarias.
