Luz verde a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular que persigue dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Tras más de un año desde que comenzasen a recogerse las firmas necesarias para llegar hasta el Congreso de los Diputados, hoy la cámara baja ha dado el visto bueno a que pueda seguir el recorrido hasta su aprobación. Desde Unidas Podemos, el diputado murciano y coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha valorado como un momento histórico que "por primera vez se dote de derechos a la naturaleza, de forma que cualquier persona podrá exigir en los tribunales la reparación por los daños producidos en la laguna y que se castigue a los responsables". En su intervención en el Congreso, Sánchez Serna ha felicitado al movimiento popular que ha logrado recoger más de 640.000 firmas en apoyo a la iniciativa, y ha criticado los ataques personales que desde la ultraderecha está sufriendo una de sus promotoras, Teresa Vicente, profesora de la Universidad de Murcia. El diputado ha comparado la labor de Vicente y las críticas recibidas con el caso de la pionera ecologista Rachel Carson, quien se enfrentó a críticas similares por parte de los lobbies agrícolas al demostrar los efectos perjudiciales para la salud del DDT.
Sánchez Serna ha situado como las principales amenazas para el Mar Menor los vertidos de nitratos y fosfatos contaminantes "que el agronegocio lleva años arrojando a la laguna sin ningún control", el urbanismo salvaje "que aún a día de hoy es alentado por ayuntamientos y comunidad autónoma" y las recurrentes inundaciones que "arrasan con todo en la zona por la nula voluntad de imponer una mínima ordenación del territorio". Sobre este último asunto, Sánchez Serna ha recordado que hace unos días el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, exigía al Ministerio la retirada de los mapas de zonas inundables para poder autorizar licencias de obra en este tipo de terrenos. El coordinador autonómico de Podemos ha considerado que un Gobierno regional "que velara por el interés común y por el patrimonio natural", hace mucho tiempo que hubiera tomado "medidas para proteger el Mar Menor de estas amenazas". Sin embargo, tal y como denuncia, la única actuación del Ejecutivo de López Miras en los últimos meses ha sido "tapar el fango negro de sus orillas con arena para evitar que lo vieran los miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo", algo que ya denunció la propia presidenta de la Comisión, Tatiana Zdanoka, durante su visita. La falta de medidas de López Miras para proteger el Mar Menor va a conducir, según señala Sánchez Serna, a un tercer ecocidio, ya que a día de hoy todos los parámetros de calidad del agua "son peores que los del año pasado". "Si nadie lo remedia, este verano volveremos a ver decenas de miles de peces muertos en sus orillas", advierte el diputado murciano .
El movimiento social por la ILP del Mar Menor viene precedido de años de degradación del Mar Menor ante unos responsables políticos que no escucharon las alarmas lanzadas por los colectivos vecinales y ecologistas. Sánchez Serna ha recordado que durante décadas, de hecho, el Gobierno de López Miras tildó de "catastrofistas y malos murcianos" a quienes denunciaban las malas prácticas en el Mar Menor y advertían sobre las señales de agotamiento ecológico que mostraba.
El diputado de Unidas Podemos ha destacado que mientras que no se atendía a científicos expertos y a colectivos ecologistas, los gobiernos del Partido Popular "miraban hacia otro lado y permitían que la situación cada vez se degradase más". Una acusación que está siendo además respaldada por los tribunales, que en los últimos meses, han imputado a 38 empresas y 3 ex altos cargos en el caso Topillo, la causa judicial más importante abierta por la contaminación del Mar Menor. Sánchez Serna ha denunciado que desde 2020 "el gobierno de López Miras se ha negado a exigir a estas empresas cualquier responsabilidad por los vertidos, a pesar del requerimiento de la Fiscalía". De las 8.460 hectáreas de regadíos ilegales, apenas se han clausurado 202, un 2%, desde el ecocidio de 2019. La respuesta a lo que desde Unidas Podemos consideran una clara "dejación de funciones" debe ser dotar de "nuevas herramientas" que garanticen la protección de la laguna salada, como la Personalidad Jurídica que plantea la ILP y la creación del Parque regional del Mar Menor.
Por último, Sánchez Serna ha recordado que entre las más de 640.000 personas que han apoyado con su firma la presentación de la ILP por la personalidad jurídica, se encuentran "las de miles de vecinos y vecinas del Mar Menor y de veraneantes", pero también "las de cientos de hosteleros y comerciantes que ven como sus negocios se van a la ruina, las de pequeños y medianos agricultores, de los que hacen las cosas bien y que llevan demasiado tiempo viendo como las grandes multinacionales del agronegocio les roban el agua para sus regadíos ilegales". "Detrás de esta ILP hay todo un pueblo que se ha rebelado: cuando el gobierno de una Comunidad se convierte en enemigo de su propio patrimonio natural y cultural, solo la ciudadanía puede restaurar el bien común", ha concluido el diputado de Unidas Podemos.
