Ángel Luis Hernández, secretario de organización regional de la formación, se ha referido a las distintas sentencias del TSJ de Murcia sobre las oposiciones de primaria de 2019, que han supuesto a la Consejería de Educación un pago de más de un millón de euros. "Lo que ninguna sentencia va a devolver a estos docentes son los tres años que han pasado, ellos y sus familias", asegura

La Justicia vuelve a dar la razón a los docentes de la Región de Murcia. La consejería ha sido obligada por los tribunales a incorporar con carácter inmediato y pagar los salarios atrasados a 23 profesionales que aprobaron la oposición en 2019, pero que se quedaron sin su plaza por errores en la corrección de exámenes.

Para Ángel Luis Hernández, secretario regional de organización de Podemos, la "sistemática vulneración" de los derechos de los docentes de la educación pública por parte de los gobiernos regionales del Partido Popular "cuesta dinero a las arcas públicas y juega con las vidas y el futuro de miles de opositores" Hernández ha señalado que es "sencillamente vergonzoso que más de una veintena de maestros y maestras que aprobaron la oposición y obtuvieron plaza en 2019 se hayan visto obligados a ir a los tribunales para que se les otorgue su plaza". Tal y como destaca, se trata de 23 profesionales que "deberían haber estado incorporados a la red de enseñanza pública y no lo han estado por el empeño de la Consejería de no reconocer los errores en la puntuación de sus exámenes". El dirigente de Podemos ha mostrado su solidaridad con los trabajadores que recuperarán el salario que les correspondería si hubieran trabajado, pero a quienes nadie les va a devolver los tres años de incertidumbre y batalla judicial que han pasado", del mismo modo que "tampoco nadie devolverá a la educación pública el trabajo que no se ha permitido hacer a estos docentes y que ahora hay que pagar igualmente".

El secretario de organización de Podemos ha considerado que la victoria en los tribunales de los docentes es una buena noticia que demuestra que el Gobierno regional "no puede vulnerar alegremente los derechos de los trabajadores", al tiempo que ha exigido a la Consejería que "garantice que esto no vuelve a ocurrir en los procesos de oposición que tendrán lugar en el mes de junio". Hernández ha explicado que esta no es la primera vez en que la justicia tiene que corregir a educación y modificar los resultados de un proceso, y ha recordado que ya ocurrió algo similar en las oposiciones de 2016. El secretario de organización ha señalado que en estos procesos los opositores "se juegan mucho; años de vida y de trabajo" y que, los errores de la Consejería "los pagan los contribuyentes, pero también los opositores afectados y sus familias, que suelen verse abocados a años de recursos y reclamaciones". Para Hernández "es urgente que la consejera de Educación explique qué está ocurriendo y qué medidas piensa tomar para que esto no se repita en las oposiciones de este año".