Antonio Luengo se reúne con representantes de COAG, UPA, ASAJA y FECOAM para acordar las alegaciones definitivas a los Reales Decretos que regularán la nueva Política Agraria Común

Un total de 405 agricultores y ganaderos de la Región de Murcia van a ser beneficiarios de ayudas por un importe total de 7.090.960 euros que les van a permitir acometer inversiones de modernización en sus explotaciones agrarias en el marco del programa de desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020.

Así lo recoge hoy el Boletín Oficial de la Región de Murcia, que incluye el listado provisional de las personas solicitantes a quienes se aprueba la ayuda, así como las desestimadas con indicación de los motivos pertinentes.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, explicó, tras mantener un encuentro con representantes de las organizaciones COAG, UPA y ASAJA, así como de FECOAM, que los municipios con mayor número de beneficiarios son Mula, Lorca, Cehegín, Jumilla y Caravaca de la Cruz.

Estos fondos van a permitir "acometer actuaciones como la instalación de placas fotovoltaicas, la sustitución de maquinaria más moderna y eficiente, la construcción de naves agrícolas y ganaderas, de depósitos para la captación de aguas pluviales o la apuesta por la plantación de variedades más resistentes al efecto de las plagas", añadió el consejero.

Alegaciones a los reglamentos del Plan Estratégico de la PAC

Por otro lado el Gobierno de la Región de Murcia acordó hoy las alegaciones definitivas a las principales normativas con las que el Gobierno de España va a regular las ayudas europeas para agricultores y ganaderos para el próximo periodo operativo 2023-2027, y que va a suponer la pérdida anual de 15 millones para el sector agrario de la Comunidad, "al no incluir las necesidades del campo entre las líneas que van a marcar su futuro".

"Llevamos años avisando de que la hoja de ruta del Gobierno de España no atendía las peculiaridades de nuestro sector agrario, desoyendo las demandas y peticiones que de manera reiterada hemos realizado", explicó, "y ahora tienen la última oportunidad de escucharnos y considerar su postura".

En cuanto al 'Proyecto de Real Decreto sobre Derechos de Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad de la Política Agrícola Común', se solicita priorizar dentro de la figura del agricultor en desventaja a los ganaderos sin base territorial y a los agricultores más desfavorecidos que más han visto perder sus derechos de pago básico en 2021 y 2022 para que en ambos casos, en el caso de disponer de superficie sin derechos, puedan acceder a nuevos derechos y mitigar en parte la caída de sus ayudas.

Por otro lado, y en relación al 'Proyecto de Real Decreto sobre la aplicación a partir de 2023 de las intervenciones en forma de Pagos Directos y el establecimiento de requisitos comunes en el Marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común y la regulación de la Solicitud Única del Sistema Integrado de Gestión y Control', se ha solicitado al Gobierno de España que habilite un sistema que identifique, dentro de una explotación, la parte proporcional que pertenece a un joven agricultor para que tenga acceso a los derechos de ayuda e intervenciones correspondientes.

En cuanto a los frutos secos, se alega que además de tener en cuenta como criterio de elegibilidad la pendiente (>10 por ciento), se consideren elegibles las superficies que teniendo una pendiente inferior al 10 por ciento se encuentren situadas dentro de una comarca con una pluviometría anual media a 10 años inferior a 450 mm (y no 300 mm), así como aquellas contenidas dentro de la Red Natura 2000. Y junto a ello, "que se considere requisito la irregularidad del régimen de lluvias y la calidad de los suelos", señaló Luengo.

También se solicita flexibilizar los requisitos para obtener ayudas al olivar con dificultades específicas y alto valor ambiental, dado que las condiciones en las que se desarrolla dicho sector en la Región de Murcia conllevan mayores costes de producción y menor rentabilidad (cultivos en pendientes y de secano). En materia de ganadería se solicita que, en aquellos casos excepcionales donde la cabaña se haya reducido por cuestiones sanitarias o de fuerza mayor, se modifique el sistema de evaluación para impedir que el ganadero tenga que mantener animales improductivos.