Ciudadanos exige al PP que frene ya la "sangría" que supone la desaladora de Escombreras para los murcianos y disuelva la sociedad como pide el interventor general de la Comunidad Autónoma. El partido liberal recuerda a López Miras que en su día remitió las conclusiones de la Comisión de Investigación en la Asamblea Regional a la Fiscalía, y que ésta denunció una trama "orquestada" de altos cargos del PP con empresas privadas en el llamado caso La Sal.
La desastrosa y potencialmente delictiva gestión de altos cargos del PP en el caso La Sal, aún pendiente de resolver en los juzgados, es "un claro ejemplo del peligro que supone para los murcianos un gobierno regional del PP sin que nadie que lo controle o lo fiscalice. Se quejan de los EREs, algo igualmente sucio, y no ven la viga en el ojo propio", ha declarado la coordinadora autonómica de Ciudadanos, María José Ros Olivo.
Esta obra y puesta en marcha de la desalinizadora de comienzos del año 2000 siempre ha ido unida a controversias por su dudosa contratación, lo que supuso que durante en la legislatura anterior Cs presidiera una Comisión de Investigación en la Asamblea Regional cuyo informe final supuso la intervención de la UCO, denunciando a los gestores del PP.
Ayer lunes la Intervención de la Comunidad Autónoma, tras unos informes de auditoría externos, ha calificado de inviable la rentabilidad de esta planta desaladora ubicada en Cartagena y pide a ESAMUR la extinción de la sociedad gestora de la planta.
"La pregunta que nos hacemos es si López Miras va a asumir una sentencia condenatoria en el caso La Sal y dimitir o le echará las culpa a otros como hace siempre", se ha cuestionado la coordinadora liberal autonómica. "A mí no me gusta ver ni cómo el PSOE defiende a imputados y condenados, como ha hecho hace poco con Chaves y Griñán, ni como el PP lleva a imputados en sus filas y los sube a atriles a dar discursos, como hace con Valcárcel. Los murcianos merecemos un gobierno honesto".
Así mismo, Ros considera lamentable que la actual planta desalinizadora, que está construida y conectada a las comunidades de regantes, no reciba demandas de agua ya que nuevas normas de la CHS piden los usuarios de esa agua que acrediten el cumplimiento de las medidas cautelares para proteger el acuífero y es la CHS la que ha obligado a dejar de vender agua.
"O PP y PSOE acuerdan hacer funcionar la desaladora de Escombreras para regadíos fuera del acuífero del Mar Menor, o lo mejor, sin duda ninguna, será cerrarla, y tendremos otro monstruo más creado por el bipartidismo y su lucha en la que siempre perdemos los mismos", ha concluido Ros Olivo.
