En plena reforma organizativa de la Administración de Justicia, vendida públicamente como la reforma del siglo XXI, el ministro Bolaños deja fuera de la misma la tan necesitada y obligatoria especialización del personal al servicio de la Administración de Justicia en materia de violencia sobre las mujeres y otros delitos sexuales de los que van a ser conocedores los Tribunales de Instancia que sustituirán a los actuales Juzgados con funciones de violencia sobre las mujeres de todo el estado.
Y así, en aquellos partidos judiciales cuya nueva organización de Tribunales de Instancia se va a implantar el próximo 1 de julio y que se corresponden con juzgados de primera instancia e instrucción, que en la Región de Murcia serán los de Caravaca de la Cruz, Mula, Yecla, Jumilla, Totana, Cieza, San Javier y Molina de Segura, las funciones de violencia sobre la mujer que actualmente son asumidas por un único juzgado dentro del partido judicial, quedarán diluidas en un amplio Servicio Común de Tramitación en la que la especialización sobre este asunto dejará de tener significado alguno para convertirse en un asunto más junto al resto de pleitos civiles y penales.
Si el Ministerio de Justicia no rectifica y sigue sin atender las reclamaciones de CCOO, las decenas de funcionarias y funcionarios destinados en estos servicios comunes podrán llevar a cabo, sin distinción ni especialización, los asuntos judiciales relacionados con la violencia sobre las mujeres y los delitos sexuales, sin siquiera recibir la formación especializada en perspectiva y violencia de género que exige el Pacto de Estado y las sucesivas medidas que en esta materia se han ido aprobando en el Parlamento lo que, en definitiva, empeorará la atención a las víctimas en la Administración de Justicia.
Además de las propias víctimas, los y las trabajadoras que en la actualidad llevan la tramitación de los asuntos de violencia sobre la mujer verán, una vez más, el desprecio del Ministerio de Justicia a la tan traída y llevada especialización de asuntos de violencia sobre la mujer, la falta de consideración profesional y retributiva de sus años de experiencia y de responsabilidad en unas condiciones laborales penosas, de largas jornadas de trabajo que exceden, en la mayoría de los días, de su jornada laboral y, además, en dependencias judiciales que no en todos lo casos están acondicionadas para garantizar la intimidad de la víctima y la separación física de su agresor.
Son ya quince años, cuando los recortes presupuestarios de 2010 eliminaron el complemento retributivo que se cobraba en estos juzgados y, pese a que en otros ámbitos transferidos se han reconocido esas funciones, en el ámbito de gestión del Ministerio de Justicia seguimos sin una negociación de las condiciones laborales y retributivas de estos juzgados y su personal. Ahora, es el momento de abordarlas.
En plena tramitación parlamentaria de un nuevo Pacto de Estado de Violencia sobre las Mujeres, el ministro Bolaños deja de lado sus propias competencias, y exige fuera lo que no quiere comprometer dentro de su administración: la especialización de sus trabajadores para atender con mayor compromiso, responsabilidad y dedicación los asuntos concernientes a esta lacra social. Los ejemplos también alcanzan a la falta de la puesta en marcha de las Oficinas de Atención a la Victima en numerosos partidos judiciales, o del incremento de plazas en las ya creadas, como en Murcia y Cartagena, aprobadas desde hace más de un año pero que aún no se han provisto del personal que se acordó.
CCOO exige al ministerio de Justicia una clara apuesta por esta especialización que solo puede venir determinada en una diferenciación de puestos exclusivos de violencia sobre la mujer en las relaciones de puestos de trabajo que se están negociando en estos momentos de cara a esa implantación de los Tribunales de Instancia
