A juicio de CCOO tanto la normativa internacional como la legislación nacional contravienen las decisiones que, bajo un enfoque racista y aporofóbico, está tomando el gobierno regional al rechazar 7 millones de euros para atención de menores no acompañados.

Y, advierte, que no va a permitir semejante atentado contra los derechos de la infancia.

El sindicato CCOO pregunta al Gobierno de López Miras, plegado a ideología del partido ultraderechista, qué va a hacer el PP regional con los y las menores a las que está privando de atención.

El sindicato de clase CCOO manifiesta su más rotunda condena al trato, inestable y vejatorio que están sufriendo los y las menores no acompañados en la Región de Murcia.

Así mismo, recuerda al presidente de la Comunidad Autónoma y líder regional del Partido Popular que los intereses políticos de un partido no están por encima de los derechos humanos y la legislación tanto internacional como nacional.

El sindicato considera que “pudiendo haber cerrado los presupuestos regionales con el ofrecimiento a coste cero del PSOE, que prefirió apoyar las propuestas populares sin imponer intereses antes que ver la comunidad vendida a la ultra derecha, el PP decidió plegarse a las políticas ideológicamente racistas y clasistas del partido de ultraderecha que ahora dirige, y con ello avergüenza, a la comunidad desde su sede en Madrid.

CCOO considera que las políticas de desprotección social a las que López Miras ha expuesto a la Región de Murcia vulneran las siguientes normativas internacionales: Convención de los Derechos del Niño y de la Niña.

-Artículo 2.1 donde prohíbe toda forma de discriminación (el cierre del centro y la negativa a apertura los pisos se debe a la creencia de que son todos menores extranjeros no acompañados, cosa que, además, no es cierta).

-Artículo 3.1 establece que toda decisión tomada por cualquier Administración se debe regir por el interés superior del menor.

Carta de Derechos Fundamentales - Artículo 24.1: Los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar.

En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial.

A nivel estatal, las competencias en protección de la infancia están descentralizadas y la Región de Murcia tiene su propia norma de protección de la infancia, la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la infancia de la Región de Murcia cuyo artículo 22, nos habla de qué es un menor en situación de desamparo, haciendo referencia al Código Civil.

- Artículo 23: declarar el desamparo implica que la Administración asume la tutela de ese menor.

- Artículo 29: recoge la acogida residencial por la parte de la Administración y cómo debe realizarse.

- Artículo 44: establece que la competencia es de la Comunidad Autónoma.

Bajo todos estos fundamentos legales y el más esencial sentido común y de humanidad las Comisiones Obreras piden al Partido Popular que se replanteé qué y a quién abandona por mantener el control político de la Región porque, en palabras de Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO en la Región de Murcia “en este caso, hablamos de niños y niñas cuya tutela pertenece a la administración pública que, además, tiene la obligación legal y moral de cuidarles y proporcionarles el mejor presente y futuro posible”, y añade “no quiero imaginar cómo se sentirán esos niños y niñas.

Les han quitado su hogar, les quitan sus referentes que son sus educadores y educadoras… y ahora, la administración que los tiene que defender, los deja a los pies de los caballos.

Quiero decirles que no están solos que hay mucha gente buena en la región de Murcia y que este sindicato de clase va a luchar porque su infancia no sea moneda de cambio”.

Así mismo, CCOO, se pregunta por un lado cuál será el futuro de esos y esas menores y por otro, qué intereses ocultos hacen al PP entregar la comunidad autónoma a la ultraderecha, que ahora gobierna en San Esteban.

El sindicato teme que esta deriva política se extienda al resto de materias que protegen a la ciudadanía y afecten el escudo social.