Consideran una provocación inadmisible la convocatoria de una supuesta Rueda de Prensa en el Centro de Menores Santa Cruz.

Las organizaciones que conforman las Marchas de la Dignidad denunciamos con contundencia el cierre del centro de acogida de menores en Santa Cruz y el discurso de odio que lo acompaña, impulsado por Vox y avalado por el Gobierno regional del Partido Popular.

Esta decisión no es una medida técnica ni social: es un acto profundamente racista, que convierte a niños y niñas en objeto de propaganda política. Se criminaliza a menores por el simple hecho de ser migrantes, se alimenta el miedo hacia la diversidad y se erosiona deliberadamente el marco de derechos humanos que protege a la infancia en situación de vulnerabilidad.

1. No son "MENAs", son menores tutelados. Negarles el nombre y la dignidad es la primera forma de violencia. Son niños y niñas que, tras atravesar fronteras marcadas por la desigualdad, encuentran aquí la obligación legal —y moral— de protección por parte de las instituciones.

2. Cerrar centros de acogida es un retroceso histórico. Significa dejar sin recursos básicos a quienes ya han perdido casi todo. Significa priorizar la lógica del castigo frente a la lógica del cuidado. Significa incumplir convenios internacionales firmados por España, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

3. El racismo institucional normaliza la exclusión. Vincular falsamente inseguridad ciudadana con la presencia de menores migrantes es un ejercicio de manipulación política. Mientras se recortan servicios públicos y derechos sociales, se señala a colectivos racializados como culpables, desviando la atención de los problemas estructurales de nuestra región.

4. No se trata solo de un centro. Esta ofensiva busca legitimar un modelo en el que las vidas de las personas migrantes valen menos. En el que la infancia deja de ser un bien protegido y pasa a ser instrumentalizada como enemigo político.

5. Exigimos responsabilidad institucional y ética. El Gobierno regional debe frenar de inmediato esta deriva racista y garantizar recursos dignos para todos los menores, independientemente de su origen. Pedimos a la Fiscalía que investigue posibles delitos de odio en las declaraciones que incitan al cierre masivo de centros de acogida.

Las personas migrantes, refugiadas y menores tutelados forman parte del tejido de nuestra sociedad. Aportan, trabajan, estudian, sueñan. Defender sus derechos no es un gesto de solidaridad: es una obligación democrática.

Rechazamos el racismo disfrazado de política.

Rechazamos que se siembre miedo contra quienes menos tienen.

Rechazamos que en Murcia se normalice el odio como estrategia de gobierno.

No al cierre de centros de acogida.

Sí a la protección de la infancia, la diversidad y la convivencia.

Sí a una Región de Murcia antirracista y solidaria.