María Marín muestra su oposición "a un decretazo que solo consagra el modelo del pelotazo" y advierte de una invasión de "construcciones ilegales y macroplantas de biogás", mientras que Álvarez-Castellanos apunta que se trata de "un ataque desleal contra un servicio esencial como el transporte público urbano en taxi"
El grupo parlamentario Podemos-IU-AV ha presentado esta mañana a los medios el total de 44 enmiendas al proyecto de ley de simplificación administrativa y 15 a la ley que regula el transporte VTC, dos leyes que, según la portavoz del grupo, María Marín, están "redactadas por el gobierno de López Miras al dictado de la patronal, la primera, y del lobby de las VTC, la segunda".
Con respecto a la cuarta ley de simplificación, Marín mostraba su oposición "a un decretazo que solo consagra el modelo del pelotazo, del ladrillazo sin control y del extractivismo y que a tener consecuencias muy serias para la Región con una invasión de construcciones ilegales, macrourbanizaciones exprés y plantas de biogás". Con sus enmiendas el grupo Podemos-IU-AV intenta "eliminar la parte más lesiva para nuestro patrimonio cultural y natural y frenar el caos urbanístico que introduce esta ley". Ejemplo de ello son el rechazo a la nueva licencia básica "que va a permitir levantar edificios de nueva planta solo con una declaración responsable, un disparate que va a multiplicar las construcciones ilegales", el rechazo al aumento de edificabilidad generalizado del 20% para uso turístico hotelero en el Mar Menor "que va a someter a una presión aún mayor a la laguna", también a la nueva regulación de los proyectos de interés estratégico "que van a ser cocinados por una comisión bilateral del gobierno regional y la CROEM invadiendo las competencias de los ayuntamientos" y, por último, a los cambios que esta ley introduce en la ley de patrimonio para reducir la protección de los bienes de interés cultural. Para ello, el grupo asume las enmiendas ciudadanas presentadas por HUERMUR, AJVA y ACEM.
Por su parte, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos ha criticado duramente el proyecto de ley que actualmente tramitan PP y Vox sobre las VTC, señalando que "prácticamente no regula nada" y que deja fuera aspectos que sí se recogen en la mayoría de normativas de otras comunidades autónomas, como las condiciones de los vehículos, del propio servicio o de las licencias. Según Álvarez-Castellanos, incluso en aquellos puntos que sí se abordan, como la regulación de precios, el texto supone un retroceso frente a la orden de la Consejería de Fomento de 2021, que obligaba a la transparencia y prohibía suplementos no previstos en el listado de precios. "Ahora se permite que el precio final pueda duplicar el precio ordinario en situaciones de alta demanda. Vaya contradicción", apuntó.
El parlamentario señaló que el proyecto responde más a las exigencias de la patronal empresarial que al interés general que representa el servicio público del taxi, "estableciendo la duplicidad de precios en situaciones de alta demanda, situaciones que determina un algoritmo opaco, así como la suspensión durante dos años de nuevas autorizaciones de VTC que, si bien siempre es una buena noticia, consolida la ratio alcanzada durante estos años de desregulación normativa en la Región de Murcia sin que haya posibilidad de reversión de esta proporción, que en la ciudad de Murcia es ya de 1 VTC por cada 1,8 taxis". Para Álvarez-Castellanos, estas medidas blindan a las VTC frente al taxi, y aseguran una competencia desleal frente al servicio público esencial que este representa. "Estamos ante un ataque desleal contra un servicio esencial como el transporte público urbano en taxi, sometiéndolo a las leyes del mercado cuando debería estar regulado por la administración pública", añadió.
Álvarez-Castellanos concluyó subrayando que el objetivo de estas enmiendas es equilibrar la situación y proteger un servicio público esencial, frente a un proyecto legislativo que considera "injusto y favorable únicamente a los intereses empresariales".
