La formación de izquierdas critica el "decreto exprés" del Ejecutivo de López Miras por excluir la participación social y consolidar un modelo especulativo que deja fuera a la mayoría social, especialmente a la juventud y a las familias trabajadoras.

Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha denunciado esta mañana, en rueda de prensa desde su sede regional, el nuevo decreto de "vivienda asequible" impulsado por el Gobierno del Partido Popular, al que acusan de estar "diseñado para los promotores y no para las familias trabajadoras". En la comparecencia han intervenido Penélope Luna, coordinadora regional de IUVRM, y José Luis Álvarez-Castellanos, diputado regional de Izquierda Unida, quienes han coincidido en calificar el texto como "un nuevo fracaso de las políticas de vivienda del PP".

Luna ha criticado duramente que el Ejecutivo de López Miras haya optado por "un decreto exprés elaborado sin participación social y pensado más para satisfacer los intereses de la patronal que para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía".

"La imagen del presidente rodeado de los representantes de los constructores lo resume perfectamente: la política de vivienda del PP sigue diseñada para los promotores, no para las familias trabajadoras", ha señalado.

La coordinadora regional ha subrayado que el decreto no garantiza el derecho constitucional a una vivienda digna, "sino que consolida la idea de la vivienda como producto financiero sometido a la especulación y al beneficio privado". En este sentido, ha afirmado que el modelo propuesto "no es asequible para la mayoría social" y excluye especialmente a las personas jóvenes, con salarios modestos o en situación de vulnerabilidad.

Luna ha recordado que en la Región de Murcia "la vivienda pública prácticamente ha desaparecido" y que el acceso al alquiler "se ha convertido en una carrera imposible para miles de murcianas y murcianos". Frente a ello, Izquierda Unida propone un plan regional de vivienda pública ambicioso, que apueste por la rehabilitación, la movilización de viviendas vacías en manos de grandes propietarios, la regulación de los precios del alquiler, la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional, y la incorporación del derecho a la vivienda como derecho subjetivo en el Estatuto de Autonomía.

"La Región de Murcia necesita un cambio profundo en la manera de entender la vivienda: debe dejar de ser un bien de mercado para convertirse en un bien común", ha reivindicado Luna. "Porque la vivienda no puede seguir siendo un lujo ni una mercancía: la vivienda es un derecho y lo vamos a defender con todas nuestras fuerzas".

Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos ha desgranado los aspectos técnicos del decreto, calificándolo de "insuficiente, regresivo y orientado al negocio privado". Ha recordado que el precio de la vivienda en la Región ha subido un 48% en los últimos cinco años, y el del alquiler un 39%, según datos del portal Idealista, "mientras el Gobierno regional lleva más de una década sin una política pública sostenida en materia de vivienda".

El parlamentario de izquierdas ha destacado que desde 2011 solo se han iniciado 23 viviendas de promoción pública en toda la Región, con presupuestos exiguos y en gran parte no ejecutados, "dependientes casi en un 80% de la financiación del Gobierno central".

Álvarez-Castellanos ha denunciado además que el decreto, tramitado como decreto-ley, evita el debate parlamentario y la posibilidad de introducir enmiendas, "negando la participación política y social".

"El Gobierno plantea la promoción de 5.000 viviendas anuales en los próximos cinco años, pero renunciando a construir vivienda pública y cediendo el suelo público a los promotores privados. Se trata, en realidad, de un plan que traslada el derecho a la vivienda al mercado libre", ha afirmado.

El diputado ha cuestionado que las viviendas sean realmente "asequibles", señalando que el precio máximo de venta fijado —1.840 €/m² construido— supone que "las viviendas serán más pequeñas y más caras que las VPO tradicionales". En algunos municipios, como Molina de Segura o Caravaca, el incremento podría alcanzar entre un 20% y un 38%.

"Una vivienda de 90 metros útiles podría costar unos 235.000 euros, con una hipoteca de 900 euros al mes, inaccesible para el 75% de los asalariados murcianos", ha advertido. "No es un modelo para garantizar derechos, sino para asegurar beneficios".

Desde Izquierda Unida-Verdes, ambas portavoces han coincidido en reclamar un cambio de rumbo radical en las políticas de vivienda, con mayor inversión pública, control de precios y una concepción de la vivienda como derecho fundamental y no como mercancía.