El grupo parlamentario SUMAR ha interpuesto, junto al socialista, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 2/2025, aprobada por PP y Vox en la Región de Murcia, por la que se suprimen las compensaciones económicas a los sindicatos y organizaciones empresariales más representativos en los órganos de participación institucional. 

Para Movimiento Sumar en la región, la norma impulsada por el Ejecutivo regional —fruto del pacto entre PP y Vox— forma parte de una estrategia deliberada de desmantelamiento institucional, orientada a debilitar los contrapesos democráticos, el diálogo social y la negociación colectiva, sustituyendo la cooperación social por el autoritarismo y la confrontación. No solo supone una agresión al sindicalismo, sino también a la propia autonomía de la Región, al invadir competencias estatales en materia laboral y de relaciones colectivas: “Lo que Vox y el PP pretenden con esta ley no es ahorrar dinero público, sino silenciar la voz organizada de los trabajadores y romper el equilibrio social que garantiza la Constitución. El ataque al sindicalismo es el primer paso hacia el vaciamiento de los derechos sociales y laborales”, ha señalado la portavoz regional de SUMAR, Lorena Lorca.

Frente a esta ofensiva ultra, el recurso, presentado por cincuenta diputados y diputadas del Congreso, denuncia que la ley vulnera los artículos 7, 28.1 y 129.1 de la Constitución Española, así como el reparto competencial establecido en los artículos 149.1.7ª y 149.1.18ª, que reservan al Estado la regulación en materia laboral y de subvenciones. Según el texto del recurso, la ley impulsada por Vox y avalada por el PP invade competencias estatales en materia de legislación laboral, al regular el régimen económico y funcional de las organizaciones sindicales y empresariales, imponiendo la “gratuidad obligatoria” de su participación institucional y suprimiendo las compensaciones económicas reconocidas por la legislación anterior, para las actividades sindicales de participación institucional reconocidas en la Constitución Española.. En este sentido, el recurso sostiene que esta medida supone una injerencia directa en la libertad sindical, reconocida en los artículos 7 y 28.1 de la Constitución, al privar a las organizaciones de los medios materiales necesarios para ejercer sus funciones constitucionales. 

Movimiento Sumar recuerda que los sindicatos desempeñan un papel insustituible en la defensa de los derechos laborales, en la prevención de abusos empresariales, en la formación continua y en la protección frente a la precariedad. Por todo ello, retirarles los fondos que les permiten participar en los órganos de participación social, como el Consejo Económico y Social no es, en la práctica, sino otro modo debilitar el Estado de bienestar y facilitar la expansión de la economía sumergida, los falsos autónomos y la temporalidad estructural. Como señala el propio Recurso de Inconstitucionalidad: “La eliminación de las compensaciones convierte un derecho operativo en una mera declaración formal, y vacía de contenido el mandato constitucional de promover la participación de los agentes sociales en la vida económica y social”.

Movimiento Sumar, se permite recordar a través de este escrito que todas las comunidades autónomas mantienen sistemas de compensación económica similares, plenamente conformes con la Ley General de Subvenciones y con el mandato constitucional de diálogo social. La Región de Murcia se convierte así en la única que rompe unilateralmente ese modelo, generando una desigualdad territorial que “menoscaba el derecho de los trabajadores y empresarios murcianos a una representación efectiva”.

Así mismo, la Portavoz de Movimiento Sumar en la Región, Lorena Lorca, ha manifestado que este recurso no es una mera cuestión jurídica, sino de política democrática: “Cuando se atacan los sindicatos, se está atacando la democracia. Cuando se destruye el diálogo social, se está abriendo la puerta a la arbitrariedad y al miedo en los centros de trabajo. La propia Asamblea Regional lo advirtió en el informe de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional del pasado 17 de febrero de 2025, en el que señaló la inconstitucionalidad de la iniciativa, al vulnerar la libertad sindical, el régimen competencial del Estado y la normativa básica en materia de subvenciones”.

Pese a esas advertencias, PP y Vox impusieron una tramitación de urgencia y lectura única, sin solicitar nuevo informe jurídico y sin atender a las objeciones técnicas. Para Sumar, esta actuación “supone un desprecio a la legalidad y a la lealtad institucional que debe regir el trabajo parlamentario”. En palabras de Lorena Lorca, Portavoz de Sumar en la Región: “Desfinanciar a los sindicatos no solo es un ataque político: es una agresión al modelo constitucional de Estado social y democrático de derecho, consagrado en el artículo 1.1 de la Constitución.”