El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, acompañado por la comisaria de aguas, Ana María Arenas, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Ulea, Víctor Manuel López Abenza, acompañado por el presidente de la mancomunidad de regantes, Francisco Gambín, para analizar la situación de la rambla de las Andreas y los desbordamientos que se vienen produciendo desde hace tiempo.

En el encuentro, el primer edil ha trasladado la preocupación del Consistorio por el riesgo que estos episodios suponen tanto para los propietarios colindantes como para los usuarios habituales de la zona, especialmente en periodos de lluvias intensas.

Durante la reunión, los responsables de la CHS han explicado el marco competencial del organismo de cuenca y los procedimientos administrativos necesarios para abordar posibles actuaciones, así como la importancia de contar con los estudios técnicos pertinentes que permitan definir soluciones ajustadas a la normativa vigente, toda vez que la zona objeto de análisis tiene la consideración de Dominio Público Hidráulico.

Por este motivo, técnicos de la CHS se desplazarán para analizar las características del terreno y proponer una mejora de la capacidad hidráulica de la rambla, así como la potencial recuperación del dominio público hidráulico.

En este sentido, ambas administraciones han coincidido en la conveniencia de mantener una coordinación técnica que facilite el análisis de alternativas encaminadas a minimizar el riesgo de desbordamientos y mejorar la seguridad en el entorno de la rambla y de un camino de servicio lindante con la mencionada rambla.

La CHS realizaría en primer lugar la realización de una limpieza de las cañas y sedimentos acumulados en la zona afectada, el Ayuntamiento procedería a recuperar la capacidad hidráulica de las Obras de Drenaje Transversal y acto seguido ambas administraciones de manera coordinada acometerían los estudios que permitan recuperar parte del DPH.

Finalmente, la reunión se ha desarrollado en un clima de colaboración institucional, quedando emplazadas ambas partes a continuar trabajando de forma conjunta para avanzar en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad de las personas y la adecuada gestión del dominio público hidráulico.