La familia, con dos personas con discapacidad y un joven estudiante, gana un mes de margen tras la movilización social mientras se intenta negociar una solución habitacional.

La presión vecinal y la movilización de colectivos sociales han logrado paralizar temporalmente el desahucio de Antonia, una mujer de 63 años en situación de baja por enfermedad, y de su familia, que estaba previsto para este martes en su vivienda de la calle Martínez Campos de Alcantarilla. La comisión judicial ha concedido finalmente un aplazamiento hasta el próximo 14 de abril, otorgando un mes de margen para intentar encontrar una solución que evite que la familia termine en la calle.

Hasta la puerta del domicilio se han concentrado desde primera hora vecinos y vecinas del municipio, activistas de Yayoflautas, miembros de la Coordinadora de Barrios de Alcantarilla, el "cura antidesahucios" Joaquín Sánchez, la concejala no adscrita Lara Hernández y militantes de Izquierda Unida-Verdes, junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para impedir un nuevo desahucio de una familia vulnerable.

El caso refleja con crudeza la situación que atraviesan muchas familias de la Región de Murcia y de todo el estado, tras el rechazo en el Congreso a la prórroga del denominado "escudo social", que impedía los desalojos de hogares en situación de vulnerabilidad. Antonia vive con su hija de 37 años, pensionista por incapacidad permanente, y con su hijo de 18 años, estudiante que acaba de finalizar un ciclo formativo y se preparaba para comenzar sus prácticas. Tanto la madre como la hija cuentan con discapacidad reconocida.

Según explicó el abogado de la PAH, José Antonio Vives, la vivienda fue adquirida por Antonia hace más de dos décadas. Tras perder la capacidad de afrontar la hipoteca durante la crisis anterior del 2008, la familia entregó el inmueble mediante una dación en pago y accedió a un alquiler social. Posteriormente, la vivienda pasó a manos del fondo Coliseum tras ser vendida por Solvia, y el nuevo propietario se ha negado a renovar ese alquiler social.

"La situación es muy complicada. Hay dos personas con discapacidad en la familia y ahora mismo no tienen ninguna alternativa habitacional", explicó Vives, que también advirtió del aumento alarmante de desalojos en la Región de Murcia. Solo en los casos que gestiona la plataforma hay una docena de procedimientos abiertos, con más de diez desahucios previstos antes de final de mes.

El portavoz de la PAH, Paco Morote, denunció que situaciones como esta son consecuencia directa de decisiones políticas de la derecha y ultraderecha. "Esto se lo tenemos que agradecer al Partido Popular, a Vox y a Junts, que tumbaron el escudo social. Han dejado a familias vulnerables completamente desprotegidas frente a los fondos buitre", afirmó. Morote recordó además que el Gobierno regional de López Miras y los ayuntamientos tienen las competencias directas en materia de vivienda y están obligados a garantizar soluciones de realojo cuando se producen estos casos.

La angustia de la situación se ha hecho visible también en el testimonio de Cristian Mayor, nieto de Antonia, que con 18 años se preparaba para iniciar su etapa de prácticas tras terminar sus estudios. "Imagínate estar a punto de empezar tu futuro y encontrarte con todo esto. Yo ya viví algo parecido cuando era más pequeño y aquello me provocó un ataque de ansiedad", relató.

Tras las conversaciones mantenidas con la comisión judicial, finalmente se ha logrado ganar tiempo. Antonia reconocía sentirse "un poco aliviada", aunque con incertidumbre. "Al menos esta noche podremos dormir en casa otra vez. Tenemos un mes de margen y espero que entre la plataforma y el banco podamos encontrar una salida", señaló.

Desde la PAH han anunciado que durante este plazo intensificarán las gestiones para lograr la renovación del alquiler social o una solución judicial que garantice la permanencia de la familia en su vivienda.

Por su parte, tras conocerse la noticia, la coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, denunció que este caso simboliza las consecuencias de las políticas de la derecha en materia social. "Cuando el Partido Popular y Vox hablan de defender a la ciudadanía conviene recordar que dejaron caer la protección frente a los desahucios, que permitieron el corte de suministros básicos a familias vulnerables y que se han opuesto sistemáticamente a medidas como la subida del salario mínimo o la revalorización de las pensiones", afirmó.

Luna señaló además la responsabilidad directa de las administraciones gobernadas por el PP en la Región de Murcia. "El gobierno regional de Fernando López Miras y el Ayuntamiento de Alcantarilla, encabezado por Paqui Terol, no pueden mirar hacia otro lado mientras familias vulnerables son expulsadas de sus casas por fondos buitre. Tienen competencias y recursos para actuar, y deben garantizar alternativas habitacionales dignas".

La dirigente de IU-Verdes advirtió de que lo ocurrido este martes puede ser solo el inicio de una ola de desahucios si no se recuperan mecanismos de protección social. "Si no se refuerza el derecho a la vivienda y se vuelve a blindar la protección de las familias vulnerables, veremos repetir escenas como esta a lo largo de todo el año".

Mientras tanto, la familia de Antonia ha conseguido un pequeño respiro. Un mes para seguir luchando por lo más básico: no perder su hogar.