Los diputados en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo y Virginia Martínez, han denunciado la situación de bloqueo institucional que se está produciendo en el seno del Grupo Mixto, advirtiendo de una “clara vulneración de los derechos parlamentarios” que les corresponden como representantes públicos.

Antelo y Martínez han subrayado que, desde un punto de vista reglamentario y de funcionamiento ordinario, “lo lógico sería que la portavocía del Grupo Mixto se ejerza conforme a criterios de normalidad institucional, garantizando el respeto a los derechos de todos los diputados”, señalando que la actual situación “ha impedido en la práctica el normal desarrollo de la actividad parlamentaria”.

En este sentido, han puesto de manifiesto que, durante aproximadamente un mes y medio, no han podido intervenir en el Pleno ni formular preguntas al Consejo de Gobierno al no habérseles reconocido su tiempo reglamentario.

“No se trata de una cuestión menor ni de una discrepancia política, sino de una limitación efectiva del derecho de representación que afecta directamente a la calidad democrática de la Cámara”, han afirmado.

Asimismo, Antelo y Martínez han calificado de “inaceptable” la propuesta trasladada por los otros dos diputados del Grupo Mixto en relación con la gestión de los recursos económicos, al considerar que rompe cualquier criterio de proporcionalidad y equidad.

“La pretensión de concentrar los recursos en una sola parte no solo es injustificable, sino que se aleja de los principios básicos de funcionamiento institucional.

La única vía razonable pasa por una distribución equilibrada, en términos de igualdad, del 50%”, han señalado.

En relación con el nuevo reglamento, ambos diputados consideran que debería haber incorporado mecanismos correctores ante conductas que han impedido el normal funcionamiento del Grupo Mixto.

A su juicio, la actuación de Podemos-IU —incumpliendo acuerdos y planteando un marco que, en la práctica, dejaba sin voz a parte del grupo— ha vulnerado principios básicos de lealtad, buena fe y respeto institucional.

“La ausencia de consecuencias transmite un mensaje equivocado: que es posible alterar las reglas del debate parlamentario sin asumir responsabilidad alguna”, han advertido.

Han insistido en que el reglamento debería haber incluido medidas proporcionadas que garantizaran el equilibrio en portavocía, tiempos de intervención y recursos, protegiendo así el ejercicio efectivo de la función parlamentaria.

Han advertido de que la situación actual “no responde a los estándares mínimos de funcionamiento democrático ni a las expectativas que los ciudadanos depositan en sus representantes”.

Confían en que, hasta el último momento, se imponga el sentido común y se corrija una situación que no debería haberse producido.