La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional ha celebrado esta mañana una sesión clave dentro del trámite de la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios. En ella, el diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha situado el debate en un plano estructural, cuestionando que la respuesta normativa pueda centrarse únicamente en el endurecimiento de sanciones sin intervenir sobre las causas profundas del problema.

Durante su intervención ante la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, Amelia Corominas García, el diputado ha reconocido la claridad del diagnóstico aportado por la compareciente, pero ha insistido en que las agresiones "no son un fenómeno puntual, sino un problema estructural" que requiere análisis continuo, participación efectiva de los profesionales y políticas públicas sostenidas.

Álvarez-Castellanos ha advertido de que el sistema actual de observación del fenómeno resulta insuficiente, "El observatorio existente organizado por el Sindicato Médico no es participativo ni abierto a todos los colectivos implicados", ha señalado, reclamando una herramienta real de análisis, planificación y prevención que integre a todo el sector sanitario.

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido la relación directa entre agresiones y saturación del sistema sanitario. El diputado de IU-Verdes ha subrayado que la falta de personal y las diferencias territoriales en la Región de Murcia agravan la presión asistencial.

"Las ratios de personal son fundamentales, no solo a nivel regional, sino también territorial", ha advertido, poniendo como ejemplo el Área 3 de Salud, donde la dotación de profesionales es inferior a la media regional, lo que incrementa la tensión asistencial y, con ello, el riesgo de conflictos.

En este sentido, ha insistido en que la ley en tramitación "puede ser necesaria, pero será insuficiente si no se acompaña de medidas estructurales en recursos humanos y planificación sanitaria".

Otro de los puntos críticos planteados por el diputado de IU ha sido la limitada respuesta de la norma ante nuevas formas de violencia. Álvarez-Castellanos ha advertido de que la proposición de ley no aborda con suficiente claridad las agresiones continuadas en redes sociales, más allá de la agresión física puntual.

"La reiteración de agresiones en redes sociales es un elemento importante que debe ser tenido en cuenta", ha señalado, reclamando una tipificación más precisa y adaptada a las formas actuales de violencia contra el personal sanitario.

Asimismo, ha mostrado dudas sobre la concreción del régimen sancionador, señalando que la ley establece una gradación entre infracciones leves y graves, pero sin especificar las tipologías sancionables, que esperamos no se remitan a un posterior desarrollo reglamentario que alargaría sine die la aplicación de la ley, dada la práctica del Gobierno regional en este ámbito.

En su intervención durante la comparecencia del secretario general de SATSE Región de Murcia, Pablo Fernández Abellán, el diputado de izquierdas ha reprochado el uso político del debate legislativo, rechazando lo que ha calificado como una discusión "sobre quién se arroga el mérito" de la iniciativa.

"Ese debate es totalmente absurdo y ajeno a la finalidad", ha afirmado, insistiendo en que la prioridad debe ser la erradicación de la violencia en el ámbito sanitario.

Álvarez-Castellanos ha advertido también de los límites de un enfoque exclusivamente punitivo: "Lanzar un régimen sancionador importante sin atajar las causas puede no ser inútil, pero sí insuficientemente eficaz".

El diputado de IU-Verdes ha cerrado sus intervenciones reclamando que la futura norma incorpore herramientas de seguimiento, participación profesional y medidas estructurales que aborden la raíz del problema: la sobrecarga del sistema sanitario y la desigualdad territorial.

"Estamos ante un problema gravísimo, arraigado en nuestra estructura sanitaria, que debe ser erradicado de forma total y absoluta", ha concluido.

La Comisión continuará el debate de la proposición de ley en próximas sesiones, con la vista puesta en posibles enmiendas que amplíen su alcance más allá del enfoque sancionador.