Cartagena, miércoles 27 de mayo de 2026.- La moción presentada por IU-Verdes y Podemos para exigir la aplicación inmediata de las tablas salariales del V Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores en la Región de Murcia ha sido rechazada este miércoles en la Asamblea Regional con 14 síes de IU, Podemos y PSOE frente a 27 noes del PP y Vox. El debate estuvo marcado por la enmienda a la totalidad registrada por el Partido Popular de López Miras, que finalmente impidió la aprobación de la iniciativa, quedando ésta rechazada también por 21 votos en contra.

La propuesta de la coalición de izquierdas instaba a la actualización de los conciertos sociales y a garantizar el cumplimiento efectivo del convenio estatal en un sector que la propia Administración regional reconoce como esencial, pero que, según denuncian los grupos proponentes, se mantiene en una situación estructural de precariedad salarial y organizativa.

El diputado de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, acusó al Gobierno regional de "precarizar a los trabajadores de un servicio considerado esencial, como es el de la tutela de menores y reforma juvenil", y comparó esta situación con la de otros servicios públicos externalizados como los bomberos forestales o el 112.

"El Gobierno regional vuelve a sostener servicios públicos fundamentales sobre salarios indignos y plantillas precarizadas", señaló. Álvarez-Castellanos denunció que los trabajadores "perciben salarios que apenas alcanzan el SMI porque el Gobierno regional no aplica las tablas salariales pactadas en el V convenio colectivo del sector, vigente desde el 1 de enero de 2026, al no contemplar el incremento que representa el nuevo convenio en los presupuestos de la CARM".

El diputado explicó además que la Consejería de Política Social utiliza prórrogas de conciertos sociales para evitar la aplicación efectiva del convenio, generando "una discriminación inaceptable entre los propios trabajadores", ya que únicamente se aplica en centros de emergencia. "Muchos de estos centros llevan años en situación de emergencia, lo que supone además una ilegalidad añadida", remarcó.

La moción planteaba la revisión y actualización de tarifas de los conciertos sociales, la creación de una mesa de negociación sectorial y la implantación de un sistema de pago directo de salarios por parte de la Administración.

"Si López Miras dice apostar por el empleo de calidad, esta era una oportunidad para demostrarlo con hechos", concluyó Álvarez-Castellanos.

Por su parte, la portavoz de la coalición de izquierdas, María Marín, ha puesto el foco en el asesinato de la educadora social Belén Cortés "mientras trabajaba sola en un piso tutelado para menores" en Badajoz en 2025. A raíz de aquel episodio se produjo una concentración de educadoras sociales a las puertas de la Consejería de Política Social de la Región, ha explicado Marín, "para reclamar medidas urgentes de cara a reforzar el Sistema de Protección y Reforma de la Comunidad".

"Estas trabajadoras, que son lo mejor que tenemos en nuestro país, gente que lo da todo por vocación, que sostiene el sistema de protección al menor, advertían claramente de lo que estaba pasando. La realidad de los centros de menores y los pisos tutelados son equipos desbordados y profesionales que sufren depresión o ansiedad por culpa de la precariedad", ha denunciado la diputada morada.

Marín ha afeado al Gobierno regional que, tras las protestas, prometiera a las educadoras una serie de mejoras de sus condiciones laborales sin que haya cumplido, año y medio después, ninguna de ellas. "Las palabras se las llevó el viento y hoy tenemos que traer una moción para que nuestras trabajadoras sociales cobren lo que les corresponde por ley", ha proseguido.

"El Gobierno regional no aplica el Convenio ni lo exige a las entidades con las que tiene concertado este servicio público, porque dice que no puede hacerlo sin unos presupuestos, pero en los presupuestos de 2025 no incluyeron ninguna partida", ha manifestado. "Para cerrar el centro de menores de Santa Cruz sí que corrieron, pero para pagar a las trabajadoras y trabajadores lo que le corresponde no han movido ni un dedo. Son estas chicas las que están teniendo que pagar por la dejadez de López Miras y Concha Ruiz", ha concluido.

Mientras se desarrollaba el debate parlamentario, delegados sindicales y trabajadoras del sector se concentraban a las puertas de la Asamblea Regional, acompañados por Penélope Luna, coordinadora regional de IU-Verdes, para exigir la aplicación inmediata del convenio y denunciar unas condiciones laborales que consideran insostenibles.

Rodrigo Hita Fernández, representante de UGT en el sector de Protección de Menores, denunció que las plantillas soportan "salarios miserables" pese a trabajar con menores en situaciones extremas de vulnerabilidad. "Tenemos una responsabilidad gigantesca y trabajamos con niños y niñas abandonados por todo el mundo, sosteniendo realidades muy duras. Y ese trabajo no se ve recompensado por ningún lado", afirmó.

En la misma línea, David Meca Calderón, delegado sindical de CCOO y presidente de la Asociación de Trabajadores del Sector de Protección y Reforma de la Región de Murcia, denunció que el actual modelo de gestión privatizada "se utiliza para reducir costes a costa de los trabajadores". Meca recordó que un educador social del sector apenas percibe unos 1.263 euros mensuales y advirtió de que "para poder cuidar a los demás, primero hay que cuidar a quienes trabajan atendiendo a los menores de la Región de Murcia".

Por su parte, Manuel Sánchez Juárez, educador del Centro Educativo Las Moreras y representante de USO, alertó de la fuga constante de profesionales hacia otros sectores debido a los bajos salarios y la falta de estabilidad. "La precariedad está rompiendo los vínculos educativos y emocionales entre los menores y sus referentes adultos", señaló.