Se han detectado cerca de 600 certificaciones fraudulentas, expedidas entre los años 2021 y 2024. Por cada una de ellas cobraron entre 50 y 600 euros
Un funcionario municipal y la persona que ponía en contacto a los solicitantes con éste han sido detenidos como presuntos autores de delito de falsedad documental
Se ha contado con la inestimable colaboración del ayuntamiento de Archena
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en el municipio de Archena la operación 'Falsitatis', una investigación que ha permitido esclarecer un entramado delictivo dedicado a beneficiarse de la expedición fraudulenta de certificados de empadronamiento a ciudadanos extranjeros.
La investigación se inició en 2024, cuando el ayuntamiento de Archena puso en conocimiento de la Guardia Civil unas supuestas anomalías detectadas en el padrón municipal.
Al parecer, desde otras comunidades autónomas habían avisado de la presentación de certificados expedidos por el ayuntamiento de Archena sospechosos de falsedad.
Especialistas en Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación y recabaron información de la base de datos del padrón municipal que fue minuciosamente analizada. De esta forma se descubrieron anomalías tales como referencias erróneas de viviendas o en un excesivo número de personas empadronadas en un mismo domicilio, entre otras.
El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, lo que permitió la intervención de los medios informáticos utilizados para la expedición de los documentos oficiales.
El examen del contenido digital permitió detectar en torno a 600 certificaciones fraudulentas, expedidas entre los años 2021 y 2024.
La investigación desarrollada puso el foco en un funcionario municipal. Este empleado, dedicado a la gestión de este tipo de trámites, se perfilaba como la persona que habría expedido los documentos oficiales con datos falsos, erróneos o modificados, con un supuesto interés económico.
Autorizada la entrada y registro en su domicilio, la Guardia Civil se incautó de una importante cantidad de documentos, como certificados y solicitudes, terminales de telefonía móvil e incluso un sello municipal.
La investigación continuó hasta identificar a un segundo actor. Se trata de la persona que ponía en contacto a los ciudadanos extranjeros con el funcionario.
Este individuo se valía de su origen para contactar con compatriotas a los que, al parecer, ofrecía certificados de empadronamiento a 'medida'. Según se desprende de la investigación llegaron a cobrar entre 50 y 600 euros, dependiendo del tipo de trámite.
La operación 'Falsitatis' ha concluido recientemente con la detención de ambos como presuntos autores de delito de falsedad documental.
