CCOO denuncia las demoras injustificadas en las tomas de posesión del personal. En el caso del personal fijo, en varias ocasiones ha transcurrido más de un mes entre la publicación del nombramiento y la toma de posesión efectiva, un acto de mero trámite que debería quedar resuelto en una semana. La situación es aún más grave para el personal interino: se han registrado casos de trabajadores que han esperado cinco o seis meses para incorporarse tras ser convocados de la bolsa de trabajo, y algunos incluso han recibido notificaciones posteriores informándoles de que la oferta quedaba sin efecto. Como consecuencia de estos retrasos, personas con menor puntuación en la bolsa han accedido a puestos antes que quienes les precedían en el orden de prelación. Aclaran desde la Sección sindical, que cuando se hace el llamamiento a la persona seleccionada ya se cuenta con el visto bueno del concejal responsable, quien en determinados casos demora la firma del nombramiento durante semanas o incluso meses.
A esto se suma la paralización de las ofertas de empleo público. Las convocatorias de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 carecen, a día de hoy, de tribunales designados, solo hay nombrados tribunales de algunas categorías de la OEP por concurso oposición de estabilización de 2022, la cual debía estar finalizada por ley a 31 de diciembre de 2024, un retraso de años que cuestiona la voluntad real del equipo de gobierno para estabilizar la plantilla. Esta situación ha generado que la tasa de interinidad sea más alta ahora que cuando se iniciaron los procesos de estabilización, con interinos que acumulan ya más de ocho años en esa situación y sin perspectivas de que se solucione en un plazo razonable.
En cuanto a la gestión de las bolsas, cuya negociación desde este sindicato se lleva reclamando desde hace años, el responsable político de personal (entendemos que con la bendición de la recién nombrada alcaldesa) toma decisiones arbitrarias y sin justificar como crear la bolsa de trabajo para cubrir las plazas de ordenanza solo con los aspirantes con más de cincuenta puntos en el concurso correspondiente (pese a que las bases del mismo establecen claramente que se formará con los aspirantes con más de treinta puntos), dándose la situación de que aspirantes a ordenanza con 49,800 puntos no están prestando servicio en el Ayuntamiento mientras que aspirantes a conserje con 30 puntos en el concurso están prestando servicios como ordenanza (categoría a la que no se presentaron, y que ni siquiera tiene los mismos requisitos)
Existe un incumplimiento generalizado de derechos laborales básicos. Los reconocimientos de grado en la carrera profesional y el pago de dietas de kilometraje acumulan retrasos sistemáticos sin justificación aparente. A ello se suman los traslados entre servicios, denegados o demorados sine die, pese a que las personas solicitantes cumplan todos los requisitos establecidos, y la convocatoria de ayudas al estudio, retrasada más de tres meses tras un primer intento de recortarlas. La situación es especialmente grave en el servicio de atención a la ciudadanía, donde se está vulnerando, en algunos casos desde hace más de tres años, el principio de igualdad salarial, dándose el caso de que veintisiete de los ochenta y seis trabajadores que lo componen, desempeñando las mismas funciones que el resto, perciben casi 140 euros menos al mes, una vulneración que pese a ser denunciada por CCOO y admitida y reclamada por el propio servicio desde hace años sigue sin resolverse por la negativa del concejal de personal.
Nos preguntamos: ¿de qué sirve negociar y firmar un convenio colectivo si luego los derechos que reconoce se niegan en la práctica mediante la sencilla técnica de no firmar las resoluciones necesarias?
También informan desde CCOO que el diálogo social se encuentra prácticamente paralizado. En lo que va de 2026, solo se ha celebrado una reunión de la Mesa General de Negociación, pese a existir una agenda pendiente con múltiples temas de interés para la totalidad de la plantilla municipal. Este bloqueo impide la resolución negociada de los conflictos laborales existentes y deja sin cauce oficial las reivindicaciones de los trabajadores.
Asimismo la sección sindical de CCOO denuncia un trato discriminatorio hacia sus responsables y delegados a quienes se les han denegado permisos sin sueldo y prórrogas en la edad de jubilación, que si han sido autorizadas a responsables de secciones sindicales más complacientes con el desgobierno municipal.
Esta política de personal afecta tanto al conjunto de la ciudadanía, que recibe un servicio público deteriorado como a la institución, cuyo funcionamiento normal se ve comprometido y al conjunto de la plantilla, cuyos derechos reconocidos en el acuerdo de condiciones de trabajo / convenio colectivo se vulneran sistemáticamente.
