El consejero de Infraestructuras se reúne con el presidente de APIRM y anuncia que presentará alegaciones al proyecto de Real Decreto del Ministerio que endurece las restricciones de zonas inundables mientras desatiende la construcción de las presas de contención tan reclamadas durante años

El Gobierno regional reclama nuevamente la ejecución de infraestructuras hidráulicas estatales para garantizar la seguridad de la población de la Región de Murcia y anuncia la presentación de alegaciones al proyecto de Real Decreto promovido por el Gobierno central, que modificará, entre otras normas, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, mantuvo hoy una reunión con el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM), José Ramón Blázquez, en la que compartieron la preocupación por esta iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que "endurece las restricciones para la edificación y el uso del suelo, como consecuencia de la ausencia de las infraestructuras hidráulicas estatales tan demandadas durante años".

"Las alegaciones que presentaremos defenderán una regulación que garantice, en primer lugar, la seguridad de las personas, los bienes y los servicios públicos mediante la ejecución urgente de las infraestructuras hidráulicas estatales pendientes y que, al mismo tiempo, aporte la seguridad jurídica necesaria para favorecer el desarrollo económico y social de los municipios de la Región", afirmó el consejero.

Asimismo, García Montoro explicó que "si el Ministerio hubiera ejecutado las obras hidráulicas de contención y defensa que la Región de Murcia lleva años reclamando, no habría necesidad de imponer nuevas prohibiciones o limitaciones sobre el suelo".

El titular de Infraestructuras señaló que la propuesta estatal tendrá un importante impacto sobre los municipios, ya que "menoscaba la seguridad jurídica al obligar a los ayuntamientos a adaptar sus planes generales a las nuevas restricciones en un plazo de cinco años, un periodo claramente insuficiente para afrontar una revisión de esa magnitud".

En este sentido, el responsable regional advirtió de que esta modificación "provocará una importante contracción del desarrollo económico y social de los municipios, con especial incidencia en el acceso a la vivienda, al reducir el suelo disponible para su construcción".

Entre las principales modificaciones figura la prohibición de los usos bajo rasante, lo que impedirá en muchos ámbitos la construcción de aparcamientos subterráneos y sótanos sin que se contemple ninguna alternativa posible. García Montoro insistió en que "estas limitaciones podrían evitarse si el Estado hubiera ejecutado las infraestructuras hidráulicas de contención y defensa que la Región de Murcia reclama desde hace años".

El consejero recordó también que el Gobierno regional ya presentó alegaciones a los mapas del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables por considerar que los modelos y caudales utilizados no reflejan adecuadamente la realidad del territorio. "No tiene sentido endurecer las restricciones urbanísticas apoyándose en una cartografía cuestionada técnicamente", afirmó.