Hay una pregunta que vuelve a aparecer cada vez que una mujer es asesinada por su pareja o expareja: ¿qué más tenía que haber hecho?

En Murcia, la respuesta resulta especialmente dolorosa. Gloria, de 44 años, había denunciado a su expareja. Existía una orden de alejamiento y estaba incluida en el sistema VioGén. Y, aun así, fue asesinada presuntamente por el hombre que tenía prohibido acercarse a ella. Deja una hija menor.

Gloria hizo aquello que las instituciones llevan años reclamando a las víctimas: denunciar, recurrir a la Justicia y aceptar medidas de protección. Y, sin embargo, la protección no fue suficiente.

Esta debe ser la primera pregunta que tenemos que hacernos como sociedad y, sobre todo, como instituciones: ¿qué significa realmente estar protegida?

El sistema VioGén es imprescindible. También lo son las órdenes de alejamiento, los CAVI, los servicios de emergencia, la asistencia psicológica y jurídica y las casas de acogida. Pero todos estos recursos solo son eficaces si cuentan con los medios necesarios y si existe una coordinación real entre quienes tienen la responsabilidad de proteger a las mujeres.

En febrero de este año había 5.697 casos activos en VioGén en la Región de Murcia. Detrás de cada cifra, de cada expediente, hay una mujer y una situación de riesgo que necesita seguimiento.

Una orden de alejamiento no es una barrera física. Es una decisión judicial que necesita recursos policiales para hacerse efectiva. VioGén no es un escudo invisible. Es una herramienta para valorar y realizar el seguimiento del riesgo, pero su funcionamiento depende de que haya profesionales suficientes, información actualizada, coordinación entre administraciones y capacidad para reaccionar cuando una situación cambia.

Gloria estaba dentro del sistema. Su agresor tenía una orden de alejamiento. Y, sin embargo, consiguió asesinarla.

¿Qué garantías ofrece un sistema que permite que esto ocurra?

No se trata de buscar un responsable concreto cada vez que se produce un asesinato machista. Se trata de asumir que cuando los mecanismos de protección fallan hay que revisarlos, evaluar qué ha ocurrido y tomar decisiones para que no vuelva a suceder.

INVERTIR PARA PREVENIR Y PROTEGER

La Región de Murcia dispone de una red de recursos especializados. Hay CAVI, Puntos de Atención Especializada, servicios de emergencia y casas de acogida. También hay profesionales que llevan años acompañando a mujeres víctimas de violencia machista.

Pero la existencia de estos recursos no puede servir para dar por cumplida la obligación de las administraciones.

La pregunta es otra: ¿son suficientes? ¿Llegan a todas las mujeres que los necesitan? ¿Tienen los profesionales los medios necesarios? ¿Existe una atención continuada? ¿Qué ocurre en los municipios pequeños y en las zonas rurales? ¿Qué pasa cuando una mujer necesita acompañamiento durante meses o años?

La violencia machista no se combate con recursos insuficientes, con servicios sometidos a la temporalidad o con profesionales que tienen que trabajar en condiciones precarias. Se combate convirtiendo la prevención y la protección en una auténtica política pública estructural..

Y aquí hay dos cuestiones fundamentales.

La primera es la prevención.

Prevenir implica aceptar que la violencia machista existe, que tiene una dimensión estructural y que está relacionada con la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Implica trabajar desde la infancia y la adolescencia, educar en igualdad, desarrollar una educación afectivo-sexual adecuada y formar a profesionales educativos, sanitarios, judiciales y sociales.

Implica también plantar cara a los discursos negacionistas que están normalizando determinadas formas de violencia y que presentan la igualdad como una amenaza.

Pero prevenir también significa actuar sobre las condiciones económicas y sociales que dificultan que una mujer pueda salir de una relación violenta.

Porque hablar de violencia machista y no hablar de precariedad laboral y de feminización de la pobreza es dejar fuera una parte fundamental del problema.

Una mujer que no tiene ingresos suficientes, que depende económicamente de su pareja, que tiene un empleo precario o que no dispone de una vivienda a la que poder marcharse tiene muchas más dificultades para romper con su agresor.

Por eso la autonomía económica también es protección.

No podemos decirle a una mujer que abandone a su agresor sin preguntarnos dónde va a vivir, cómo va a mantener a sus hijos e hijas, cómo va a afrontar los gastos o quién va a hacerse cargo de los cuidados.

Las mujeres siguen teniendo una mayor presencia en empleos precarios, parciales y peor remunerados. Siguen asumiendo una parte desproporcionada de los trabajos de cuidados. Y esa desigualdad tiene consecuencias durante toda la vida: menores ingresos, menores pensiones y un mayor riesgo de pobreza.

La feminización de la pobreza no es una cuestión ajena a la violencia machista.

Es también una cuestión de prevención.

Por eso hacen falta políticas de empleo digno, vivienda, servicios públicos de cuidados y protección social. Hace falta que una mujer pueda decidir abandonar una relación violenta sin que esa decisión implique quedarse sin ingresos, sin vivienda o sin una red de apoyo.

La segunda cuestión es la protección.

Proteger significa garantizar que una mujer que quiere abandonar a su agresor tenga vivienda, ingresos, atención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento. Significa disponer de profesionales suficientes para realizar un seguimiento individualizado y coordinado, especialmente cuando existen antecedentes, amenazas, quebrantamientos de medidas o cualquier otro indicador de riesgo.

Las víctimas no pueden quedar solas una vez que denuncian.

EL PROBLEMA DE NEGAR LO QUE ESTÁ DELANTE DE NUESTROS OJOS

Mientras las cifras de mujeres asesinadas siguen siendo insoportables, hay representantes públicos que continúan negando que exista una violencia específica contra las mujeres.

Que hablan de «ideología».

Que sustituyen el concepto de violencia de género por expresiones genéricas que ocultan su dimensión estructural.

Que cuestionan las políticas de igualdad.

Que presentan como privilegios los recursos destinados a proteger a las víctimas.

Los datos son demasiado contundentes para seguir fingiendo que estamos ante una discusión semántica.

No estamos hablando de una guerra cultural. Estamos hablando de mujeres asesinadas, de mujeres que viven situaciones de violencia y de niñas y niños que sufren sus consecuencias.

Por eso resulta especialmente grave que quienes niegan esta violencia puedan acabar condicionando las políticas destinadas a combatirla.

No es coherente reconocer institucionalmente la violencia machista cuando una mujer es asesinada y, al mismo tiempo, pactar con quienes niegan que exista una violencia específica contra las mujeres.

No es coherente reivindicar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y aceptar que quienes lo cuestionan tengan capacidad para condicionar las políticas públicas que de él se derivan.

Los derechos de las mujeres no pueden ser una moneda de cambio.

Y tampoco podemos aceptar que se pretenda resolver este problema con minutos de silencio mientras no se refuerzan los recursos que tienen que proteger a las víctimas.

El asesinato de Gloria debería suponer un punto de inflexión para el Gobierno regional.

No basta con condenar. Hay que revisar las medidas de protección.

Hay que reforzar los servicios. Hay que invertir en prevención.

Hay que garantizar la autonomía económica de las mujeres.

Hay que mejorar la coordinación entre administraciones.

Y hay que plantar cara a quienes pretenden negar una violencia que tenemos delante de nuestros ojos.

Porque los agresores no están esperando.

La violencia machista está en el control, en las amenazas, en el aislamiento, en la violencia sexual, en el control económico, en el acoso después de una ruptura y también en las redes sociales.

Mientras discutimos si existe o no la violencia machista, hay hombres que siguen ejerciéndola.

Por eso necesitamos políticas que actúen antes de que llegue el asesinato. Educación, prevención, recursos, vivienda, empleo, cuidados, protección y justicia.

Y necesitamos algo más: voluntad política.

Desde Izquierda Unida-Verdes no vamos a aceptar la equidistancia ante quienes niegan la violencia machista. No vamos a aceptar que los derechos de las mujeres se utilicen como moneda de cambio. Y no vamos a aceptar que después de cada asesinato todo se reduzca a un minuto de silencio.

Las mujeres no necesitan que las instituciones guarden silencio después de que las maten. Necesitan que actúen antes.

Necesitan recursos para denunciar, pero también para poder salir de la violencia.

Necesitan protección, pero también vivienda, empleo y autonomía económica.

Necesitan políticas de prevención y servicios públicos suficientes.

Y necesitan instituciones que estén a la altura de la gravedad del problema.

El asesinato de Gloria no puede quedar en una noticia más. Tiene que servir para exigir respuestas.

Una mujer que denuncia no puede quedar sola. Las víctimas no necesitan un minuto de silencio. Necesitan seguir vivas.

Penélope Luna

Coordinadora IU-Verdes Región de MurciaÂ

Cristina González

Responsable de la Red de Feminismos IU-Verdes Región de Murcia