Álvarez-Castellanos llevará a la Asamblea la situación real de las plazas, la financiación y las alternativas que propone el Gobierno regional

Izquierda Unida-Verdes ha rechazado la decisión del Gobierno de Fernando López Miras de recurrir ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, que actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados y la fija en 553 plazas en la Región de Murcia.

La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha acusado al PP y al Gobierno regional de mantener "un doble discurso cada vez más hipócrita y cínico: invocan el interés superior del menor para recurrir las medidas de acogida mientras se alinean con Vox en propuestas destinadas a impedir el traslado de esos mismos niños y promover su devolución".

Luna se ha referido a la votación celebrada ayer, 16 de septiembre, en el Congreso, donde el PP apoyó una proposición no de ley de Vox que reclamaba aplicar el acuerdo con Marruecos para el retorno de menores no acompañados y rechazaba expresamente su distribución por el territorio nacional. La iniciativa fue rechazada por 177 votos frente a 170, sin abstenciones.

"Resulta difícil sostener que el problema es únicamente cómo garantizar mejor el interés del menor cuando, al mismo tiempo, se vota con la extrema derecha para impedir que estos niños salgan de centros saturados y se plantea como solución general su devolución a Marruecos", ha afirmado Luna.

IU-Verdes recuerda que no se trata de un episodio aislado. En marzo de 2025, PP y Vox aprobaron juntos en la Asamblea Regional una resolución para promover la reintegración de menores con sus familias o con los servicios de protección de sus países de origen, pese a que las comunidades autónomas no tienen competencias para acordar estas repatriaciones. Tres meses después, el acuerdo presupuestario entre ambos partidos incluyó el cierre del centro de menores de Santa Cruz, que únicamente supuso el traslado de los menores a otros recursos de acogida, y el rechazo al mecanismo estatal de distribución.

Para Luna, "el PP murciano está dejando que sea la extrema derecha quien marque el terreno del debate migratorio y termina asumiendo una parte sustancial de su discurso. Primero fue el cierre de Santa Cruz, después las iniciativas sobre retorno, luego los recursos contra el sistema de reparto y ahora vemos al PP nacional votando con Vox para impedir el traslado de menores desde Ceuta a la Península".

La coordinadora de IU ha recordado que una devolución indiscriminada de menores no tiene encaje en el ordenamiento jurídico. La Ley y el Reglamento de Extranjería establecen que cualquier repatriación debe estudiarse individualmente, con intervención de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal, y solo puede llevarse a cabo cuando la reagrupación familiar o el retorno respondan al interés superior del menor.

"Murcia necesita recursos y cooperación, no más confrontación"

El diputado de IU en la Asamblea Regional, José Luis Álvarez-Castellanos, ha reclamado al Gobierno regional que sustituya "los recursos judiciales y los titulares contra la inmigración por cifras, planificación y cooperación institucional".

"Si el sistema murciano está saturado, queremos saber cuántas plazas existen, cuántas están ocupadas, qué profesionales faltan y qué financiación adicional necesita la Comunidad. Lo que no genera una sola plaza es presentar un recurso detrás de otro", ha señalado.

Álvarez-Castellanos ha anunciado que registrará una pregunta oral en Pleno para que el Gobierno regional explique qué alternativa propone cuando territorios como Canarias, Ceuta o Melilla superan ampliamente su capacidad de acogida y qué negociaciones ha mantenido con el Ministerio de Juventud e Infancia antes de decidir acudir nuevamente al Supremo.

IU-Verdes solicitará también información sobre el número de menores tutelados actualmente por la CARM, las plazas disponibles y ocupadas, su evolución durante 2025 y 2026, el personal destinado al sistema, su coste, la financiación estatal recibida y el grado de ejecución de esos fondos, así como sobre el cumplimiento de la resolución aprobada por PP y Vox en marzo de 2025.

"Murcia tiene derecho a exigir financiación suficiente y nosotros apoyaremos esa reivindicación", ha concluido Luna. "Pero una cosa es reclamar recursos y otra utilizar a menores vulnerables para alimentar una política de confrontación y aproximarse al discurso de la extrema derecha. Antes que migrantes son niños y niñas bajo la protección de las administraciones, y ese debe ser siempre el punto de partida".