El Gobierno de López Miras ya ha reclamado formalmente al Ministerio una prórroga, como mínimo, hasta 2033.

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo, y la alcaldesa de Jumilla, Severa González, han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "se ponga a trabajar de una vez" y dé una solución al problema de los acuíferos de la Región, cuyo uso se verá sometido a nuevas restricciones a partir de 2027.

Luengo ha anunciado que el Partido Popular llevará a las Cortes Generales esta petición para exigir al Gobierno de España que solicite y tramite las prórrogas necesarias y que aporte soluciones antes de que las restricciones comprometan la actividad económica y social.

"Ya está bien de que el Gobierno de España castigue a la Región de Murcia. Mientras otras comunidades reclaman y consiguen soluciones, aquí tenemos un Gobierno que conoce el problema, que tiene sobre la mesa las alternativas y que, sin embargo, sigue sin actuar", ha denunciado el senador del PP.

Asimismo, ha denunciado que "el Gobierno nacional conoce este problema desde hace más de ocho años y sigue sin darle una solución. En el Partido Popular no nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras se pone en riesgo el futuro de nuestros agricultores, ganaderos de nuestros municipios y de miles de familias".

El senador ha informado de que "los datos reflejan la magnitud del problema: de las 63 masas de agua subterránea existentes en la Demarcación del Segura, 40 presentan problemas de sobreexplotación. Las restricciones previstas podrían afectar a 40.722 hectáreas de regadío, con unas pérdidas de producción estimadas en 826 millones de euros anuales y 25.350 empleos en el conjunto de la cuenca. En la Región de Murcia, el impacto alcanzaría los 680 millones de euros al año y 20.570 empleos.

A la exigencia sobre los acuíferos se suma un problema previo: la falta de recursos alternativos con los que sustituir los bombeos. Ninguna comarca puede reducir la extracción de sus pozos si no dispone de otra agua que ocupe ese lugar, y esa sustitución exige infraestructuras de conexión, garantía de suministro y un coste asumible para el regante, tres condiciones que hoy no están resueltas en buena parte del territorio. En el conjunto de la demarcación, además, la disponibilidad de recursos de origen externo se ha ido estrechando, lo que traslada todavía más presión al agua subterránea. "No se puede exigir que se bombee menos y no poner al mismo tiempo sobre la mesa el agua que debe sustituir a ese bombeo", ha advertido.

Luengo ha recordado que el Gobierno regional ya trasladó formalmente esta preocupación al Ministerio para la Transición Ecológica y reclamó que se apliquen a las masas de agua subterránea afectadas los mecanismos de flexibilidad que la normativa europea prevé, con el horizonte del próximo ciclo de planificación hidrológica. La carta, remitida por el Gobierno de Fernando López Miras, recuerda que existen dificultades técnicas, ambientales y económicas suficientemente acreditadas para justificar esa aplicación.La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) admite en su artículo 4 ampliar los plazos cuando las condiciones naturales impidan alcanzar el buen estado en el horizonte previsto. Es exactamente el caso de las masas subterráneas: la recuperación de un acuífero sobreexplotado se mide en décadas, con independencia de la intensidad de las medidas que se apliquen. La Directiva contempla además la fijación de objetivos adaptados cuando el coste social y económico de alcanzarlos resulte desproporcionado. El Gobierno regional reclama que España active estos mecanismos, masa a masa y con el respaldo técnico que el propio Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Segura acumulan desde años."No estamos pidiendo ningún privilegio. Estamos pidiendo que se aplique la propia legislación europea y que se utilicen las herramientas que contempla para situaciones como la nuestra", ha señalado Luengo.

La alcaldesa de Jumilla, Severa González, ha advertido reiteradamente de las consecuencias que tendría para el municipio no disponer de alternativas antes de 2027. De hecho, en el Consejo del Agua de la Demarcación del Segura exigió alternativas a la prohibición de utilizar agua de los acuíferos y alertó de que el desarrollo local, social y agrario de Jumilla y del Altiplano se encuentra en una situación de grave riesgo.

González ha defendido que "Jumilla no puede quedarse sin agua para su agricultura y su futuro; sin agua no hay agricultura, no hay empleo, no hay oportunidades y no hay vida" y ha reclamado que el Gobierno de España actúe antes de que llegue 2027, no después.

El impacto está especialmente ligado a la actividad agrícola y agroalimentaria de Jumilla. En el conjunto del Altiplano, donde se encuentran Jumilla y Yecla, las restricciones previstas afectan a 15.433 hectáreas de regadío y alrededor de 6.000 empleos directos.

"Reclamamos plazo para ordenar la transición, no para mantener la situación actual. El ajuste hay que hacerlo, pero acompasado a la sustitución de recursos y sin destruir en un solo ciclo el tejido productivo de comarcas enteras", ha defendido González, que pide garantías para el futuro de los agricultores y de toda la actividad vinculada al agua.

"No podemos permitir que se condene a Jumilla a perder actividad económica y oportunidades por no haber hecho a tiempo las infraestructuras y buscado recursos alternativos", ha defendido González, que reclama garantías para el futuro de los agricultores y de todo el tejido económico vinculado al agua.

Luengo ha subrayado que la prioridad es aplicar ya lo que la Directiva permite y que, en paralelo, el Partido Popular seguirá defendiendo en Europa una revisión de la Directiva Marco del Agua que adecúe objetivos y plazos a la realidad de los territorios con escasez hídrica estructural."López Miras va a seguir defendiendo con uñas y dientes los intereses de la Región de Murcia, y desde el Partido Popular vamos a hacer lo mismo en todas las instituciones. No vamos a aceptar que se cierre el grifo y se deje a nuestros agricultores sin alternativas. Sánchez tiene que ponerse a trabajar y solucionar un problema que conoce desde hace más de ocho años", ha concluido Luengo.