El TSJ de Murcia admite a trámite el recurso del sindicato contra el acuerdo de la Consejería de Educación y STERM denuncia que la protección de la red concertada no tiene equivalente en la enseñanza pública, que es el modelo que debería protegerse.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por STERM Intersindical contra el acuerdo suscrito el pasado 5 de mayo entre la Consejería de Educación, las patronales de la enseñanza concertada y las organizaciones sindicales firmantes, destinado a garantizar la estabilidad de las unidades concertadas y la continuidad del personal docente.
El acuerdo, publicado en el BORM de 28 de mayo de 2026, establece un marco de estabilidad para los centros privados concertados que afecta al segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional de Grado Básico. Su vigencia se extiende hasta el 31 de agosto de 2029.
Entre otras medidas, el acuerdo establece que, con carácter general, se mantendrá hasta la finalización del concierto educativo el número de unidades concertadas que existía en el curso 2025/2026, y contempla asimismo el mantenimiento de la dotación de personal docente. Para los centros en los que se produzca un descenso sostenido de unidades, establece un sistema específico de estabilización: inicialmente se mantiene la unidad concertada y, si continúa la disminución de la demanda, se conserva la dotación del personal docente asociado aunque deje de mantenerse la unidad. El propio acuerdo reconoce el descenso progresivo de la natalidad y la tendencia a la estabilización o ligera disminución de las matriculaciones, especialmente en Educación Infantil y Primaria. También señala expresamente la necesidad de adoptar medidas para mantener las unidades y las plantillas docentes ante posibles reducciones de alumnado.
STERM Intersindical considera que esta regulación establece un marco de protección específico para la red concertada ante el descenso demográfico que no tiene un equivalente para los centros públicos. Para STERM, el problema no reside en que se adopten medidas para proteger el empleo docente ante el descenso demográfico, sino en que la Administración haya establecido este marco de estabilidad para la enseñanza concertada mientras la red pública continúa sometida a la planificación anual de unidades y a las consecuencias de la pérdida de matrícula.
Ante esta situación, STERM Intersindical presentó el 24 de julio de 2026 recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo, al considerar que no resulta ajustado a Derecho. El TSJ de Murcia ha acordado admitir a trámite el recurso y continuar su tramitación por el procedimiento ordinario. Además, el tribunal ha requerido a la Consejería de Educación que remita el expediente administrativo completo en el plazo establecido.
Desde STERM Intersindical valoran esta admisión a trámite como un paso importante para que los tribunales puedan examinar la legalidad del acuerdo y sus consecuencias sobre la planificación educativa de la Región de Murcia.
