El sindicato cuestiona que la patronal advierta de los costes de mejorar los salarios sin cuantificar el impacto que anuncia, y reclama que sus propuestas incorporen la realidad de quienes trabajan y no pueden afrontar el coste de la vivienda y de las necesidades básicas.

Comisiones Obreras de la Región de Murcia considera que el decálogo presentado por CROEM ante las elecciones generales del 29 de noviembre debe analizarse también desde la perspectiva de las personas trabajadoras. La patronal plantea demandas legítimas pero sus propuestas sobre transparencia salarial, absentismo y diálogo social requieren una reflexión que no puede limitarse a los costes empresariales.

La competitividad de la economía regional es importante. También lo es que el crecimiento económico se traduzca en salarios suficientes, empleo de calidad y mejores condiciones de vida. La Región de Murcia no necesita elegir entre empresas viables y trabajadores con derechos: necesita una economía capaz de sostener ambas cosas.

Transparencia salarial: que se conozca también cómo se reparte la riqueza

CROEM propone que "los trabajadores perciban el importe íntegro de su retribución; y consecuentemente, se hagan cargo por sí mismos del pago de sus cotizaciones a la seguridad social y de los impuestos al trabajo". Desde comisiones obreras, calificamos la propuesta de la patronal como una idea con carácter puramente ideológico, ya que el actual modelo de cotizaciones sociales donde la empresa retiene e ingresa la cuota patronal y obrera, dota de estabilidad y seguridad al sistema público. Además, este tipo de propuestas buscan generar desafección entre la clase trabajadora hacia los impuestos y los sistemas de protección social, intentando trasladar la falsa percepción de que el Estado o la Seguridad Social les quita una parte excesiva de su riqueza, cuando en realidad financian los servicios de interés general y el sistema de reparto de las pensiones. La transparencia no puede consistir únicamente en mostrar lo que cuesta un trabajador; también debe permitir conocer qué riqueza produce y cómo se reparte.

Salario mínimo: las advertencias también necesitan datos

Miguel López Abad ha advertido de un supuesto daño importante para las empresas ante las propuestas de incremento del salario mínimo, pero la información publicada señala que no había cuantificado ese impacto.

CCOO entiende que cualquier decisión económica debe evaluar sus efectos sobre el empleo y las empresas. Precisamente por eso, las advertencias sobre consecuencias económicas deben apoyarse en datos y análisis, no presentarse como resultados seguros antes de haber demostrado su alcance.

Tampoco basta con relacionar una subida del SMI con un posible encarecimiento de la vivienda sin aportar evidencia específica que permita establecer esa relación.

El SMI constituye un suelo salarial destinado a proteger a quienes perciben las remuneraciones más bajas y su incremento a paliar, entre otras cosas, los precios de la cesta de la compra.

El mal llamado absentismo: no podemos retroceder en derechos laborales

CCOO comparte la necesidad de mejorar los procesos que dificultan la actividad laboral, pero resulta imprescindible distinguir entre el incumplimiento injustificado de las obligaciones laborales y una baja médica por enfermedad.

Las medidas propuestas por CROEM abren la puerta a recuperar la posibilidad de extinción del contrato por causas objetivas vinculadas a una baja por enfermedad. Un derecho que fue recuperado en la ley 1/2020 de 15 julio. Lo que CROEM pretende conllevaría un retroceso de derechos y perjudicaría la salud de las personas trabajadoras.

Si a la patronal le preocupan las incapacidades temporales prolongadas, hay que examinar también las demoras diagnósticas, los tiempos de atención sanitaria, la prevención de riesgos y las condiciones en que se desarrolla el trabajo. La responsabilidad también debe incluir la prevención, la organización del trabajo y las condiciones laborales. Reducir las bajas evitables requiere conocer sus causas y actuar sobre ellas, no estigmatizar a quienes enferman.

Diálogo social: una herramienta para alcanzar acuerdos, no un derecho de veto

CCOO comparte la importancia de la negociación entre organizaciones empresariales y sindicales, pero recuerda que el diálogo debe servir para alcanzar acuerdos y mejorar las condiciones de vida y trabajo.

La negociación no puede convertirse en una obligación de renunciar a los derechos cuando no hay acuerdo, ni en un argumento para deslegitimar las decisiones que corresponden a las instituciones democráticas. Las organizaciones sindicales y empresariales tienen intereses legítimos, pero no siempre coincidentes. Precisamente por eso existe la negociación colectiva.

El diálogo social debe defenderse ante todas las administraciones y con independencia de quién gobierne. No puede reclamarse con firmeza en Madrid y considerarse secundario cuando las decisiones se toman en Murcia. Tampoco puede exigirse a los sindicatos que renuncien a la movilización como herramienta legítima cuando la negociación no ofrece respuestas suficientes.

Una coincidencia política que conviene hacer explícita

CCOO considera llamativo que CROEM cuestione el componente político de la huelga general del 11 de noviembre mientras algunas de sus propuestas laborales presentan paralelismos con planteamientos recogidos en la ponencia política del PP.

Hay coincidencias en el enfoque sobre el salario mínimo, en la preocupación por el absentismo y en la defensa de determinados cambios regulatorios que afectan al marco laboral. La ponencia del PP, además, propone elevar de 50 a 250 trabajadores determinados umbrales regulatorios asociados al tamaño de las empresas, una modificación que puede tener consecuencias para la representación de las personas trabajadoras.

La patronal tiene derecho a defender sus intereses y los partidos a presentar sus programas. Lo que resulta discutible es presentar esas propuestas como criterios puramente técnicos y, al mismo tiempo, cuestionar el carácter político de una movilización de trabajadores que reclama salarios suficientes, vivienda asequible y mejores condiciones de vida.

Parece que la política preocupa cuando los trabajadores se movilizan; cuando las propuestas coinciden con las de la patronal, pasa a llamarse competitividad, eficiencia y sentido común.

CCOO recuerda que la huelga del 11 de noviembre tiene como objetivo exigir respuestas ante una realidad cada vez más difícil de ignorar: tener empleo ya no garantiza poder pagar una vivienda y afrontar los gastos cotidianos.

Por eso, el sindicato llama a las personas trabajadoras de la Región de Murcia a participar en la huelga general del 11 de noviembre. Porque mejorar los salarios, garantizar el acceso a la vivienda y defender unas condiciones laborales dignas no son reivindicaciones ajenas a la economía: son condiciones necesarias para que la economía esté al servicio de las personas.