Denuncia que el Gobierno central pretende imponer "un cierre encubierto" del trasvase hasta abril de 2027 y exige que se recuperen los caudales ya aprobados que no están llegando a la Región

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, se reunió hoy con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y representantes de 14 colegios profesionales de la Región de Murcia para abordar la avería del trasvase Tajo-Segura y reclamar que se acelere su reparación, prevista para abril de 2027. Tras el encuentro, el jefe del Ejecutivo autonómico consideró "inexplicable" que una obra declarada de emergencia tenga un plazo de reparación de siete meses, y advirtió de que "cuando no hay justificación técnica, la justificación es política".

"Esto no es normal y hay gato encerrado", señaló López Miras, quien exigió al Ministerio que ofrezca explicaciones sobre los motivos de la demora y que ajuste los plazos a las necesidades reales de la intervención: "Lo que demandamos es transparencia en todos los aspectos técnicos de la rotura y, sobre todo, un plazo de reparación que entre dentro de lo normal cuando hablamos de criterios estrictamente técnicos".

La reunión, celebrada en la sede del Scrats, contó con la participación del presidente de esta entidad, Lucas Jiménez; el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, Julio Pérez, y representantes de otros 13 colegios profesionales. López Miras agradeció la iniciativa de los ingenieros agrónomos y de los regantes para propiciar este encuentro, y destacó la importancia de que sean los especialistas quienes analicen la situación de una infraestructura "esencial para toda la Región".

El jefe del Ejecutivo autonómico también recordó que la avería se produjo el pasado mes de septiembre en Albacete y que el Gobierno central declaró de emergencia los trabajos para repararla. Sin embargo, cuestionó que esa declaración sea compatible con los plazos establecidos: "Nadie entiende cómo se puede romper el trasvase y cómo el Gobierno puede declarar una obra de emergencia, pero al mismo tiempo establecer como plazo para su reparación la primavera de 2027", afirmó.

Igualmente, lamentó que el Gobierno central haya encontrado en la avería "una nueva excusa para seguir robando aquella agua que pertenece a los murcianos, también a los alicantinos y a los almerienses", y aseguró que detrás de los plazos establecidos existe "una intencionalidad política".

Frente a esta situación, expresó su respaldo a los regantes: "Coincido plenamente con el posicionamiento de los regantes, y desde luego tenemos que evitar y tenemos que hacer frente a toda costa a este cierre encubierto del trasvase Tajo-Segura".

"No pueden hacer borrón y cuenta nueva con el agua ya aprobada"

Junto a la necesidad de acelerar la reparación, otro de los asuntos abordados durante el encuentro fue el destino de los recursos hídricos cuyo envío ya estaba autorizado y que no están llegando a la Región de Murcia como consecuencia de la avería. López Miras reclamó que esos volúmenes puedan recibirse una vez restablecido el funcionamiento de la infraestructura.

"Queremos que esos caudales que están dejando de llegar a la Región de Murcia y que ya estaban aprobados, por supuesto, se prorroguen de forma excepcional. Que no hagan borrón y cuenta nueva", exigió el presidente, agregando que "el día que esté reparado el trasvase, esos caudales que han dejado de llegar pero que ya estaban aprobados, tienen que llegar a la Región de Murcia".

El único horizonte temporal real con el que cuenta el sector agroalimentario es el próximo 31 de diciembre de 2026, fecha límite en la que caducan 65 hectómetros cúbicos de recursos hídricos ya autorizados. El Gobierno regional y los regantes defienden que se habilite una prórroga excepcional para que los 65 hectómetros autorizados no se pierdan, permitiendo su traslado una vez restablecida la conducción.

La Comunidad estima que perder este volumen de agua autorizado supondría un impacto para el conjunto de la cuenca de 260,8 millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB) y 5.610 empleos, de los cuales 170 millones de euros y 3.650 puestos de trabajo corresponden directamente a la Región de Murcia.

"Esto no puede ser una maniobra para negarnos y para robarnos lo que ya se había aprobado a la Región de Murcia", concluyó López Miras.