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SAE denuncia ante el Fiscal General del Estado la falta de protección de los profesionales

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Por si los mismos pudieran revestir carácter de delito

SAE denuncia ante el Fiscal General del Estado la falta de protección de los profesionales

En menos de 24 horas se han registrado 1.490 nuevos casos de coronavirus entre los profesionales sanitarios. En total ya van 5.400 lo que supone alrededor del 13% de todos los contagiados en España que hoy se acercan a los 40.000. Estos profesionales se han contagiado en el ejercicio de sus funciones como consecuencia de la falta de Equipos de Protección Individual (EPIs).

Y alguien es el responsable de esta situación, de esta falta de previsión y del riesgo al que se está exponiendo a los profesionales sanitarios españoles y que para el Sindicato de Técnicos de Enfermería puede revestir carácter delictivo. Por ello ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado

Las recomendaciones de laOrganización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad son claras en orden a la necesidad de que ha de proveerse a los profesionales sanitarios de todo un conjunto de medidas y elementos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad y no verse así contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad.

Sin embargo, conforme han aumentado el número de casos, la falta de equipos de protección individual se ha convertido en un grave problema en la mayor parte de los centros, lo que refleja una notable falta de previsión por parte de las autoridades sanitarias.

Se están dando casos en los que el acceso y uso de estos equipos están siendo restringido y se suministra por debajo de las necesidades llegando incluso a amenazar a los profesionales con aperturas de expedientes disciplinarios por la utilización de los Equipos de Protección Individual para prevenir el contagio.

En esta dinámica de radical vulneración de los derechos laborales básicos se ha llegado al extremo de reformar los protocolos de algunos centros sanitarios discriminando incluso a los trabajadores en función de su categoría profesional en la asignación de los EPIs.

De todas las actuaciones que están llevando a cabo parece deducirse indicios de un delito contra la seguridad en el trabajo según de los artículos 316 y 317 del Código Penal.

Asimismo, el Sindicato de Técnicos de Enfermería insta a que se disponga la incoación de diligencias que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados y una vez se constante su realidad y su previsible dimensión penal se plantee ante el órgano judicial competente.

En cuanto a la admisión de la presente denuncia si se trata de hechos presuntamente delictivos la legislación procesal impone al ministerio público el deber de investigar o trasladar noticia de los hechos al órgano judicial competente.

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