Los cuatro grupos municipales, socialista, popular, independiente, y mixto integrado por un único concejal de CDL, han aprobado en Pleno una moción en la que se acuerda “manifestar rotundamente” el rechazo del Ayuntamiento de San Javier al Proyecto de reforma del Estatuto de Castilla La Mancha “por ser claramente inconstitucional y atentar contra la unidad de España y contra los intereses generales de toda la ciudadanía española”, según explicó el portavoz socialista José Ángel Noguera que fue el encargado de presentar la moción aprobada de urgencia.
La moción conjunta de equipo de gobierno y oposición estima que la solución definitiva al déficit estructural de la Cuenca del Segura debe basarse, entre otras cosas, “en el mantenimiento y consolidación del trasvase Tajo-Segura, que asegure las aportaciones de caudales suficientes para las necesidades de esta Cuenca, y en trasvases de cuencas excedentarias, que garanticen la sostenibilidad ambiental y la viabilidad de nuestro desarrollo socioeconómico”.
El texto que se trasladará a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y a todos los grupos parlamentarios presentes, tanto en el Congreso como en el Senado y al Gobierno de España, deja claro que el ayuntamiento de San Javier “rechaza y pide que no sea atendida cualquier solicitud perjudicial de modificación de normas y leyes que regulan el aprovechamiento conjunto del Trasvase Tajo Segura, independientemente de la institución de la que provenga.
Asimismo, la moción acuerda solicitar a los órganos jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del Gobierno de España que emitan un informe sobre la constitucionalidad de los artículos que se refieren al Trasvase, en particular el que se refiere a la caducidad del trasvase del Tajo en 2015.
En la exposición de motivos la moción recuerda que a lo largo de casi 30 años de existencia el trasvase Tajo-Segura ha vertebrado social y económicamente un territorio que abarca, de forma directa, cuatro Comunidades Autónomas , que genera más de 50.000 puestos de trabajo y beneficia a una población de 2,5 millones de habitantes. El texto señala asimismo toda la normativa que regula esta infraestructura por lo que estima que la pretensión del Proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha de modificar, interpretar y dejar sin efecto la ley reguladora del Trasvase, incidiendo de lleno en la planificación hidrológica que se atribuye al Estado, se considera claramente inconstitucional.
