Denuncian que en nuestra región se amplían los privilegios de una minoría rica y se recortan o eliminan derechos de la mayoría social.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que, textualmente, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Actualmente estamos viviendo en España una continua violación de este derecho, que está provocando el empobrecimiento de la clase social media, y el empobrecimiento extremo de las clases sociales más desfavorecidas, que son desatendidas o abandonadas por las clases políticas, las proveedoras de servicios y las responsables de la formulación de políticas debido a su falta de voz política, capital social y financiero, así como por su exclusión social crónica. Y es por ello que denunciamos que en la Región de Murcia se amplían los privilegios de la minoría rica a la vez que se recortan o eliminan los derechos de la mayoría social.

La discriminación contra las personas que viven en la pobreza está generalizada y es ampliamente tolerada. Los gobiernos, nacional, autonómico y local, deben asegurar que las políticas públicas alcancen a los miembros más pobres de la sociedad; respeten y defiendan sus derechos, y tomen en cuenta los significativos obstáculos sociales, culturales, económicos y estructurales que enfrentan las personas que viven en la pobreza para gozar de los derechos humanos.

Todos los derechos humanos -el derecho a expresarse, a votar, pero también el derecho a los alimentos, a trabajar, a la atención sanitaria y educación públicas y de calidad, a la vivienda- son importantes, porque la pobreza y la exclusión se entremezclan con la discriminación, el acceso desigual a los recursos y a las oportunidades, y la estigmatización social y cultural. La negación o limitación de los derechos dificulta la participación de las personas en el mercado de trabajo y su acceso a los servicios y a los recursos básicos.

La pobreza no sólo significa insuficiencia de renta y de bienes materiales, sino también una falta de recursos, oportunidades y seguridad que menoscaba la dignidad y exacerba la vulnerabilidad de los pobres. La pobreza trata también del poder: quién lo ejerce y quién no, en la vida pública y en la familia. Llegar al fondo de las complejas redes de las relaciones de poder en la esfera política, la económica y la social es clave para entender y abordar con mayor eficacia los arraigados patrones de discriminación, desigualdad y exclusión que condenan a los individuos, a las comunidades y a los pueblos a la pobreza durante generaciones.

Este año hemos vivido con horror las vulneraciones de los derechos humanos en las Residencias de nuestros Mayores. Hemos asistido con espanto a la desprotección de las personas migrantes, al discurso del odio y al creciente racismo. Hemos llorado las agresiones machistas y homófobas, no solo sin que se realicen unos planes educativos al respecto, sino que se ponen trabas a los mismos. Hemos sido espectadores del vil mercadeo con las pensiones. Nos hemos escandalizado y padecido de las criminales subidas de la luz. Hemos esperado infructuosamente la regulación de los alquileres y la aplicación real del ingreso mínimo vital.

En resumen, la pobreza no sólo significa insuficiencia de renta y de bienes materiales, sino también una falta de recursos, oportunidades y seguridad que menoscaba la dignidad y exacerba la vulnerabilidad de los pobres. La pobreza trata también del poder: quién lo ejerce y quién no, en la vida pública y en la familia. Llegar al fondo de las complejas redes de las relaciones de poder en la esfera política, la económica y la social es clave para entender y abordar con mayor eficacia los arraigados patrones de discriminación, desigualdad y exclusión que condenan a los individuos, a las comunidades y a los pueblos a la pobreza durante generaciones.

Por todo ello, la Plataforma Unitaria de Las Marchas de la Dignidad y El Plan de Choque Social de la Región Murciana llamamos a la lucha y a la acción en la defensa de los derechos de las personas, que los poderes económicos y políticos se niegan a reconocer y aplicar, tomando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus desarrollos posteriores como bandera.