El Defensor del Pueblo volvió a requerir respuesta urgente a la Consejería de Educación de la CARM

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El Defensor del Pueblo volvió a requerir respuesta urgente a la Consejería de Educación de la CARM

La Plataforma "Ningún Niñ@ sin ATE" presentó en noviembre del 2022 una queja al Defensor del Pueblo, quién admitió a trámite dicha queja por considerar que reúne los requisitos establecidos, y solicitó en enero a la Consejería de Educación información sobre la denuncia realizada por dicha plataforma, el Defensor del Pueblo está, a día de hoy, sin respuesta alguna por parte de la Consejería de Educación y ante la tardanza, por parte de este organismo, en remitir la información solicitada, el pasado 9 de mayo volvió a requerirle respuesta urgente.

La denuncia realizada al Defensor del Pueblo fue para comunicar que la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, lleva tiempo vulnerando los derechos de los menores con discapacidad que deben ser escolarizados en los centros educativo no universitarios.

Esta Consejería lleva más de una década reduciendo la dotación de auxiliares técnicos educativos (ATE) en los centros, lo que directamente impide, en otras ocasiones dificulta, una correcta escolarización y atención (el mismo día que el resto del alumnado o la posibilidad de acceder a servicios complementarios como comedor o actividades complementarias) o esta dotación es totalmente insuficiente por la elevada ratio de alumnos por profesional. Este personal es fundamental para posibilitar la escolarización de este alumnado, realiza tareas auxiliares a la labor docente y ningún otro perfil profesional del centro suple su trabajo en caso de inexistencia. Lo que directamente impide la escolarización de estos alumnos y estás alumnas en cualquier centro educativo no universitario.

Las prácticas actuales de la Administración Educativa en la Región de Murcia son:

Ausencia de A.T.E. en los centros educativos porque no lo conceden pese a la falta de ello por algún alumno/a, impidiendo incluso la escolarización en el mismo centro que sus hermanos.

Cada año los contratos son de menos horas provocando que mucho alumnado no tenga A.T.E aun necesitándolo. En otras ocasiones esta figura está compartida entre dos centros o tiene un número muy elevado de alumnado a su cargo deteriorando gravemente la atención que éstos reciben.

Nula creación de plazas en RPT y aumento del abuso de contratos por programas de solo 10 meses y cada año de menos horas para mayores necesidades y más alumnado, lo que provoca una atención cada vez más insuficiente, que no atiende todo el horario escolar.

No tener funciones claras ni actualizadas (no se han renovado desde 2003).

Lentos procesos de sustitución para cubrir las bajas, si es que se llegan a cubrir.

Falta de personal en las listas de espera que hacen que en muchas ocasiones el personal sea buscado en las oficinas de empleo, y que ofrezcan el empleo a personas que desconocen completamente las necesidades y el trabajo que tienen que realizar con estos menores.

Prueba de la nefasta organización y planificación de la Consejería de Educación son las diversas situaciones que vienen viviendo, durante muchos cursos pasados y este propio curso escolar, los centros educativos y sus familias quienes tuvieron que denunciar a los medios de comunicación situaciones como las vividas en CEIP " San Isidoro del Algar, y IES El Mar Menor de San Javier donde iniciaron su curso escolar sin A.T.E; o las que viven en este momento el CEIP Santa Florentina de La Palma, donde el alumnado ha estado sin el apoyo del ATE más de 15 días al no cubrirse la baja del A.T.E de manera inmediata; y el CEIP Bilingüe Torrecilla de Lorca, donde un curso entero un niño, su familia y profesores esperan que le asignen un A.T.E. Estos son varios de los ejemplos que viven día a día los niños y las niñas con necesidades educativas especiales y los centros en los que están matriculados.

Desde la Plataforma "Ningún niñ@ sin ATE." pedimos a la Consejería que cumpla con el Defensor del Pueblo y emita el informe solicitado.

No se puede permitir que el alumnado con necesidades educativas especiales continúe excluido del ámbito educativo al no prestarle todos los recursos que precisa para un adecuado desarrollo escolar y social en el centro escolar.

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