El Grupo Municipal Popular presentará una moción en el Pleno, que se celebrará el próximo 24 de febrero, en la que reitera su compromiso con la defensa del trasvase Tajo-Segura y por consiguiente su oposición a la reducción del caudal establecido por Ley y a cualquier fecha de caducidad del mismo.

La moción solicita que el Ayuntamiento se dirija a todos los diputados y senadores de la circunscripción de la Región de Murcia, instándoles a que emitan su voto en contra de cualquier norma o disposición que implique la caducidad del trasvase Tajo-Segura o que signifique una reducción del caudal establecido por Ley, o ponga en peligro la viabilidad del mismo.

A lo que se suma, el rechazo del PP a cualquier incremento del caudal ecológico que ponga en peligro o perjudique el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

Además, el Grupo Municipal Popular exigirá en el Pleno al Gobierno de la Nación la puesta en marcha de nuevos trasvases desde cuencas excedentarias, como la del Ebro al Segura, a fin de cubrir nuestro – reconocido por ley – déficit hídrico.

El Portavoz del PP en el Consistiorio, José Antonio Valverde Reina, ha explicado que los municipios de la Región de Murcia están sufriendo un ataque histórico a nuestra supervivencia como Región, que comenzó el día en el que de manera sectaria se derogó el trasvase del Ebro.

Además, ha subrayado que las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al Estatuto de Castilla la Mancha en el Congreso de los Diputados “son un paso más en esta errática política de agua basada en la insolidaridad y suponen una grave amenaza contra el trasvase Tajo-Segura, ya que incluyen la fecha de caducidad del acueducto”.

La desaparición del trasvase Tajo-Segura, además de constituir un freno al desarrollo de la agricultura de la Región de Murcia -la más competitiva de Europa y la menos subvencionada- condenaría a 130.000 trabajadores de este sector al desempleo.

Por todo ello, según palabras de Valverde Reina, es más importante que nunca el apoyo al trasvase Tajo-Segura de forma rotunda en los Ayuntamientos de la Región así como la condena a todas aquellas iniciativas que lo amenacen, ya sea a través de un Estatuto Autonómico o mediante de decretos.