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El Ministerio Fiscal pide el archivo definitivo de la causa abierta contra la Alcaldesa y varios funcionarios municipales por un supuesto delito de prevaricación y apropiación indebida en el convenio urbanístico de El Raiguero

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La alcaldesa afirma que espera que los partidos políticos no vuelvan a vincular su nombre más con el término "corrupción urbanística"

El Ministerio Fiscal pide el archivo definitivo de la causa abierta contra la Alcaldesa y varios funcionarios municipales por un supuesto delito de prevaricación y apropiación indebida en el convenio urbanístico de El Raiguero

El Ministerio Fiscal ha pedido el archivo definitivo al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Totana que instruye la causa abierta contra la alcaldesa de Totana, Isabel María Sánchez, y la ex secretaria y el interventor municipales por un supuesto delito de prevaricación y apropiación indebida en el convenio urbanístico C-82, conocido como de El Raiguero.

El representante de la empresa "Inmonuar" y "Nuaria Inversiones" y promotor de este convenio, Manuel Núñez Arias, recurrió en su día por la vía penal como medida de presión a los Tribunales de Justicia para reclamar al Consistorio la devolución de los casi 2,5 millones de euros que entregó a las arcas municipales en los años 2006 y 2007 en virtud del citado convenio, que contemplaba una urbanización coincidiendo con la firma del mismo y la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana.

Este convenio urbanístico fue anulado tras ser declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, pero el promotor gallego Núñez Arias interpuso una querella contra la actual regidora, los dos ex alcaldes y los dos funcionarios con el fin de intentar recuperar los 2,5 millones de euros adelantados.

Aunque en un primer momento el juez la archivó, al no apreciar indicios de delito y considerar que se trataba de un asunto que debía ser resuelto por la vía contencioso-administrativa, el promotor presentó recurso y fue admitida a trámite.

Ahora el fiscal ha solicitado el archivo de la causa e incide en "el derecho que puede tener a la devolución de la cantidad entregada por el querellante puede tener su justificación, pero se considera que no es ésta la vía adecuada para su reclamación, sino otra distinta ya sea civil o administrativa".

El fiscal recuerda en su informe que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia dio la razón al Ayuntamiento en su dictamen en el que resolvía que el Consistorio no debía reintegrar a la sociedad "Inmonuar" los 2,5 millones de euros más intereses correspondientes a dicho convenio urbanístico.

El organismo jurídico regional consideró ajustado a derecho la declaración de nulidad del convenio, la cual es preceptiva pero no vinculante, por lo que el proceso judicial debe finalizar con la resolución judicial tras la petición del informe fiscal.

Al respecto, la alcaldesa ha mostrado su satisfacción con el informe del Ministerio Fiscal y ha reiterado que "siempre he estado muy tranquila por confiar plenamente en la Justicia y mi convencimiento de actuar siempre dentro de la legalidad vigente".

Ha recordado que esta coyuntura procesal se dio "por defender sin fisuras los intereses públicos generales del Ayuntamiento y mis vecinos" y ha dicho actuar desde el primer momento "con responsabilidad y lealtad institucional, a pesar del coste familiar y personal que acarreaba esta situación procesal".

Sánchez Ruiz ha añadido que "espero que ningún partido político nunca más me vuelva a vincular con el término corrupción urbanística" y les ha exigido "que retiren todas las acusaciones e infamias que han vertido en el último año y medio".

Además, ha explicado que los partidos de la oposición han "intentado sacar rentabilidad política de este proceso de judicialización de la vida pública".

La regidora ha apostillado que "tenía claro que no iba a permitir que ningún individuo ni partido político insinuaran otra cosa distinta a la realidad para obtener rentabilidad política" y ha comentado que "siempre se han seguido escrupulosamente los procedimientos administrativos que nos dictaba el dictamen del Consejo Jurídico y Consultivo de la Región y la Sala de lo Penal del TSJ; y así ha quedado demostrado".

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