La Plataforma por el Viaducto de Totana ha pasado a la ofensiva legal. Tras registrar ayer lunes un requerimiento formal dirigido al delegado del Gobierno en Murcia, el colectivo ciudadano ha hecho público un dossier de evidencias técnicas que cuestiona la narrativa oficial sobre las obras del AVE. Con imágenes de dron de alta resolución, la Plataforma sostiene que los tramos T4 y T5 son muros de tierra “ciegos” que bloquean el drenaje natural y convierten el casco urbano en una zona de riesgo catastrófico.
El requerimiento: una trampa legal para el delegado
El documento registrado no es una simple petición, sino un aviso legal formal. Al entregar las pruebas del riesgo de inundación por registro de entrada, la Plataforma considera que ha activado la responsabilidad personal del delegado del Gobierno. Según el colectivo, desde el momento de la notificación ya no puede alegarse desconocimiento del peligro, advirtiendo de posibles responsabilidades si no se paralizan las obras y se producen daños en futuras riadas.
Crítica a la “pasividad” del Ayuntamiento
La Plataforma también ha cargado contra el mensaje reciente del PSOE de Totana, al que acusa de claudicar ante el Gobierno central. Consideran inaceptable que el Ayuntamiento sostenga que no se puede hacer nada, cuando —según afirman— en otros municipios como Lorca se han ejecutado soluciones en viaducto con el mismo presupuesto y marco legal. A juicio del colectivo, esta postura supone abandonar a los vecinos de Triptolemos, Los Sifones y La Báscula.
Un dossier de pruebas para Bruselas y la Fiscalía
El dossier remitido a medios e instituciones incluye:
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Imágenes de dron, que, según la Plataforma, evidencian la falta de aperturas de drenaje suficientes.
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Agravio comparativo, con fotografías que muestran la solución en viaducto aplicada en Lorca frente al “muro de tierra” en Totana.
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Aviso de denuncia ante la OLAF, organismo europeo contra el fraude, por el uso de fondos europeos en una obra que, sostienen, incumple normativas de seguridad hídrica.
El comunicado concluye señalando que han actuado “con la ley en la mano” y que el debate continuará en el próximo pleno municipal.
