El equipo de Gobierno del Partido Popular, con el respaldo de Vox, ha aprobado inicialmente una modificación de las ordenanzas fiscales que obligará a los vecinos de Yecla a pagar entre 41 y 75 euros por obtener información pública de la Concejalía de Sanidad. Izquierda Unida-Verdes denuncia que esta medida instaura por primera vez una barrera económica directa para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho básico a saber qué hace su Ayuntamiento.
Durante el Pleno, la coalición de izquierdas presentó una enmienda para impedir que la tasa se aplicase a las solicitudes amparadas por la Ley de Transparencia. La iniciativa fue tumbada con los 12 votos en contra de PP y Vox, frente a los 9 a favor de IU-Verdes y PSOE. Este rechazo, advierte la formación, significa que los vecinos y colectivos tendrán que pagar dinero por preguntar datos como el número de esterilizaciones realizadas a gatos, la ejecución del presupuesto de bienestar animal o las actuaciones realizadas en materia de tratamientos contra plagas que se hacen en el municipio.
"Se están inventando una barrera ilegal para intentar desincentivar el control ciudadano. Lo que buscan es asfixiar económicamente la participación y la fiscalización de la gestión local", ha denunciado Alberto Martínez, portavoz de Izquierda Unida-Verdes. El edil ha cuestionado directamente los motivos del Gobierno municipal: "¿A qué le tienen miedo para llegar a este extremo? Si cumplieran estrictamente con sus obligaciones, tendrían los censos al día, la información sanitaria municipal estaría a mano y facilitar la información no supondría ningún esfuerzo ni coste extra".
La justificación esgrimida por el PP, basada en el coste salarial por hora del personal técnico, choca frontalmente con los pronunciamientos de los consejos de transparencia y del Tribunal Supremo, que prohíben de forma expresa cobrar dinero a quien solicita información. Para IU-Verdes, el Gobierno local incurre en un claro fraude de ley: utiliza la normativa de haciendas locales, aparentemente legal, para poner precio a las respuestas incómodas y disuadir a la ciudadanía de preguntar, un fin que es ilegal. Las asociaciones protectoras de animales o las asociaciones de cualquier otro índole serán las primeras perjudicadas, lo que la coalición interpreta como un intento deliberado de silenciar a las asociaciones que realizan funciones de fiscalización del funcionamiento del municipio.
La formación de izquierdas teme que esta tasa sea solo el primer paso para generalizar el cobro por cualquier consulta administrativa en otras materias. Por ello, ha anunciado que presentará alegaciones jurídicas durante el periodo de exposición pública para intentar frenar lo que consideran un ataque directo a los derechos democráticos y un intento de ocultar información a la ciudadanía de Yecla.
